Pliegos de 35 candidatos a jueces desde ayer a examen

El Gobierno impulsa 35 cargos en la Justicia que deben pasar por la Cámara alta. La aritmética parlamentaria juega a su favor.

Los pliegos de los 35 funcionarios judiciales promovidos por Cristina de Kirchner ingresaron ayer al Senado para su tratamiento. El Gobierno buscará llevar el tema al recinto luego de la definición sobre su candidata para la Procuración General, Alejandra Gils Carbó (ver nota aparte). La oposición ya revisa los antecedentes y pedirá información a colegios profesionales, asociaciones, think-thanks y asesores acostumbrados a transitar por los pasillos del Poder Judicial. Todas las miradas estarán puestas en los candidatos al fuero penal federal, escenario donde circulan los expedientes que mueven el amperímetro de la política.

Desde el Gobierno repetirán el libreto habitual a la hora de designar jueces: llevaran la discusión hacia la preparación académica, la experiencia técnica y la necesidad de renovar un poder que distintos sectores del oficialismo no dudan en calificar como «recalcitrante» y «opositor» para citar, por ejemplo, a Carlos Kunkel. El objetivo es que el debate no tenga alto voltaje político, en ese sentido se entiende que el oficialismo busque tratar los pliegos una vez terminada la discusión por la candidatura de Gils Carbó.

El escenario de las conversaciones será la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador kirchnerista Marcelo Guinle y donde el Gobierno ostenta la mayoría (8 miembros sobre 15). Allí tendrán lugar las audiencias donde se analizarán los pliegos -y las impugnaciones, si las hubiere- de 25 jueces, 6 fiscales y 4 defensores oficiales.

Información

En este último aspecto es donde la oposición ya recaba información. «Estaremos en contacto con la Asociación de Magistrados y con las ONG dedicadas al tema para saber bien quiénes son los candidatos y, especialmente, qué han hecho», expresó a este diario el senador Alfredo Martínez (UCR). En el Senado aseguran que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ya tiene confeccionados distintos dossieres sobre los candidatos que prometen dar argumentos tanto a oficialistas como a opositores.

Anoche también se comentaba que habrá consultas menos formales, especialmente entre hombres de la política con pasado tribunalicio como son los casos del exfiscal anticorrupción Manuel Garrido (actual diputado por la UCR) y el exjuez federal Guillermo Montenegro (ministro de Seguridad y Justicia porteño). Además se espera que suenen los teléfonos de los representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura: los radicales Mario Cimadevilla y Oscar Aguad, este último tuvo la posibilidad, además, de ser uno de los encargados de tomar distintos exámenes orales.

El centro de la atención la concentran los pliegos a los cuatro juzgados vacantes en el fuero penal federal. Se espera que en los casos de Sebastián Casanello (secretario de la Sala I de la Cámara Federal), Marcelo Martínez de Giorgi (juez federal subrogante) y Sebastián Ramos (secretario del juzgado de Daniel Rafecas), el trámite en la comisión sea sencillo. El oficialismo resaltará la preparación académica del primero (sacó 100/100 en los exámenes del Consejo de la Magistratura) y la experiencia en tribunales de los otros dos aspirantes.

Donde habrá mayores esperanzas es en el caso del juez de instrucción Luis Rodríguez. Éste fue investigado por el presunto hecho de haber solicitado una copia del examen antes de rendir en el concurso. La causa terminó archivada aunque el caso fue largamente debatido en el Consejo y estuvo a punto de quedar fuera de la terna que se elevó al Poder Ejecutivo.