Poder económico y chantaje

El País Vasco exhibe el segundo ingreso per cápita más elevado de España, casi 30% superior al promedio nacional, sólo detrás de la autonomía de Madrid. A esta prosperidad la alimentan nombres emblemáticos como la eléctrica Iberdrola, el Banco Bilbao Vizcaya (BBV), el Grupo Mondragón (electrodomésticos Fagor, entre otros) y la gigantesca cadena de supermercados Eroski, amén de un empresariado pujante agrupado parcialmente en la Confebask, una de las gremiales económicas más influyentes de España.
Con este escenario, nadie debería extrañarse de que la organización separatista ETA intente abrevar desde su origen en semejante riqueza para obtener financiamiento mediante el «impuesto revolucionario», cuyo aviso suele llegar por carta para ser abonado en algún bosque, un estacionamiento o un bar de un poblado inhóspito, en un trámite súbito. Pagar o morir. De las casi 830 víctimas mortales del grupo terrorista, 40 han sido empresarios.
Muchas empresas internacionales o españolas han sabido tomar precauciones a la hora de instalarse en esta región con servicios estatales y privados de excepción y una personalidad más parecida a la de Oslo que a la de Sevilla. Para no despertar suspicacias, varias firmas cambiaron nombre, íconos y marketing por otros más amigables al mundo vasco. Claro está que nadie se salva del pedido del «impuesto» por un ardid tan simple, pero al menos sirve para moderar hostilidades.
No todo es extorsión en la estrategia de ETA. También ha apuntado contra empresarios o ejecutivos para bloquear proyectos de autopistas rechazados por motivos poblacionales o ambientales, o hasta para lograr la clausura por derrumbe de una discoteca que molestaba a vecinos por ruidos molestos y mal ambiente. Consiguió los objetivos a su modo, con bombazos o disparos en la nuca.

Objetivos

Sin embargo, vale decir que ni los empresarios ni sus empresas están en el centro de la mira de ETA. Antes del asesinato cometido ayer, el registro de víctimas del mundo empresarial debe retrotraerse hasta 2000, cuando el grupo terrorista mató a José María Korta, jefe de la gremial de la provincia de Gipuzkoa. Por lo demás, no abundaron en el historial etarra ataques contra instalaciones empresarias ni contra locales de grandes marcas.
Una corriente de analistas y periodistas con cierto peso en la opinión pública española marca que ETA evitó apuntar contra sectores clave de la vida vasca, más allá de lo dificultosas e injustas que son las generalizaciones: Iglesia, empresariado y, como un subgrupo del anterior, los grandes nombres de la cocina vasca, ésos que aparecen en televisión y lideran guías gastronómicas. En cambio, la organización sí ha preferido actuar con mayor frecuencia contra políticos, militantes, intelectuales, jueces, policías, docentes, periodistas, militares, funcionarios y objetivos indiscriminados.
La opinión de que hay connivencia entre ETA y representantes de la jerarquía católica vasca y un sector del empresariado debe entenderse en el marco de la pasiòn (tambièn electoral) que desata el tema en España. El nacionalismo democristiano vasco (que gobierna en Euskadi hace casi 30 años) compite por un mismo segmento electoral contra un nacionalismo democristiano español, el Partido Popular, que ha logrado plantar batalla, por ejemplo, en los elegantes barrios de
Getxo, al norte de Bilbao, o en las calles màs distinguidas de San Sebastiàn.
Un dato histórico abona el debate. A fines de los 60 nació un grupo armado nacionalista, católico, tradicionalista y de derecha, que luego se reivindicaría de izquierda. ¿Tacuara-Montoneros? No, ETA.