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Polémico: Alemania compraría una lista de evasores robada
Angela Merkel, la canciller alemana, se enfrenta a un dilema ético. La posibilidad de comprar una lista de presuntos evasores robada a un banco suizo choca con la ética, pero no hacerlo y dejar impunes esos delitos fiscales privaría al Estado de hacerse con 100 millones de euros eludidos.
Se trata de los datos de 1.500 cuentas bancarias de clientes alemanes donde hay dinero presuntamente ocultado a las autoridades fiscales. El informante que la ofrece pide por la información 3,4 millones de dólares.
Un destacado asesor de la canciller Merkel, el ministro de Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg, dijo que Alemania comprobaría con cuidado su derecho legal a comprar los supuestos datos.
«Tengo un problema a la hora de entregar dinero por algo que ha llegado a manos de alguien en una forma legalmente cuestionable», dijo Guttenberg al diario suizo Neue Zuercher Zeitung.
Sin embargo, representantes del Partido Verde y socialdemócratas de la oposición alentaron al Gobierno a comprar los datos en nombre de los «contribuyentes honestos».
El delegado federal para la protección de datos, Peter Schaar, recomendó a las autoridades no aceptar la oferta: «Tengo grandes dudas sobre la legalidad de un negocio semejante», dijo.
En sentido similar reaccionó el Gobierno suizo, que protestó contra la posible adquisición de los datos y pidió a Alemania no dar pasos que dañen la confianza mutua.
La ministra de Economía suiza, Doris Leuthard, señaló que en el derecho existe la norma de no usar datos ilegales. De lo contrario, pronto habría un nuevo trabajo, el de «ladrón de datos», señaló.
El informante envió al Gobierno una muestra de los datos que ofrece, que las autoridades fiscales alemanas aún no han terminado de examinar. Sólo una vez que hayan completado el examen se decidirá si se los adquiere o no, y, eventualmente, en qué términos.
Si se cometen errores en este examen en cuanto a la legalidad de los datos, no se los podrá usar como elemento probatorio en un proceso judicial, señalaron fuentes del Ministerio de Finanzas. Además, debe garantizarse que los datos sean lo que el informante dice ofrecer -pruebas de evasión fiscal- y no mera información bancaria.
El escándalo de Liechtenstein, antecedente del actual, estalló hace dos años y le costó el puesto al entonces presidente de la empresa de correos alemanes, la Deutsche Post, Klaus Zumwinkel. En la ocasión, el servicio secreto alemán en el extranjero (BND) había pagado unos u$s 7 millones por los datos de cuentas bancarias de titulares germanos, que un informante había robado al banco LGT-Bank del principado.
Con impuestos muy bajos en comparación con los de Alemania y su política de secreto bancario, Liechtenstein era una plaza muy seductora para los miles de millones de euros de muchos alemanes adinerados, entre ellos muchos evasores fiscales.
El entonces ministro de Finanzas, Peer Steinbrück, dio luz verde para la espectacular adquisición, y la fiscalía de Bochum todavía investiga cerca de 400 casos derivados del escándalo de Liechtenstein.
Del examen de los cinco casos concretos que como muestra dio el informante de la pista suiza surge que en cada en uno de ellos correspondería pagar impuestos por un millón de euros (u$s 1,38 millón). En eso se basan los investigadores para calcular que el monto total que podría percibir el fisco si el ministro de Finanzas, Wolfgang SchTMuble, aceptara el trato, supera los 100 millones de euros.
Desde que se produjo el escándalo de Liechtenstein, es habitual que los organismos fiscales reciban ofertas de datos bancarios de presuntos evasores. El Ministerio de Finanzas aconsejó, entre tanto, a todos los contribuyentes que puedan tener algo que ocultar que se autodenuncien.
Agencias DPA y Reuters
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