Por qué llegó Cerro Dragón a juzgado federal

El exprocurador de Chubut, Eduardo Samamé, realizó una presentación por presunto pago de sobornos en la extensión del contrato de Cerro Dragón y fue citado por esa razón por el fiscal Guillermo Marijuan el 12 de enero de este año. Un mes después Marijuan se presentó en el Ministerio de Medio Ambiente de Chubut y pidió documentación relativa a tres áreas que Pan American Energy (PAE), la concesionaria de Cerro Dragón, le compró a Cliveden y otras firmas del holding Vila-Manzano por u$s 47 millones . La presunción de Samamé es que "esa adquisición de áreas sin valor geológico fue el puente por el que millones de dólares transitaron desde PAE hacia los nuevos ricos que desde el Gobierno provincial otorgaron una concesión escandalosa".

La documentación solicitada a Chubut es la que está bajo análisis en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Samamé relató a este diario que apenas se firmó la renovación del contrato en 2007, Hipólito Solari Yrigoyen y David Romero presentaron un recurso de amparo en la Justicia de Chubut. Pero en todas sus instancias el Poder Judicial de la provincia sostuvo que el amparo no era el mecanismo idóneo para oponerse, y que los querellantes debían recurrir a la vía ordinaria.

"De eso se vale PAE - dijo Samamé- para decir que la Justicia convalidó el contrato, pero no es cierto". Añadió que la vía ordinaria exige pagar tasas en relación con el contrato cuestionado que tiene un valor de $ 50 mil millones, lo que hacía imposible empezar el juicio.

Según el exprocurador, "todo estuvo en estado latente", hasta que hacia fines del año pasado, un portal de Mendoza, basándose en un diario de Puerto Madryn, reveló la situación de las tres áreas -Paso Moreno, Nueva Lubecka y Paso de Indios- que "podrían ser el tránsito de la coima". "Ahí recojo la información y se la mando a Marijuan que me convoca a una audiencia el 12 de enero", agregó Samamé.

Afirmó que de entrada la extensión del contrato de Cerro Dragón tuvo "tres irregularidades: se anticiparon en 10 años porque el contrato vencía en 2017, lo extendieron por 40 años, un plazo no previsto en la legislación, y no se convocó a licitación". Samamé acotó que "la provincia negoció sobre la base de un informe de reservas aportado por PAE, según el cual el horizonte de explotación era muy corto".

En su opinión, "todos los elementos indican que la concesión fue extendida mediante sobornos", a lo que se sumó, según afirmó, "el cambio patrimonial del ex- gobernador Mario Das Neves que le permitió financiar su campaña presidencial, y de su ministro de Coordinación, Norberto Yahuar".

La causa que se analiza en el juzgado de Canicoba Corral va en paralelo a la investigación de la SEC (Securities and Exchange Commission) sobre el mismo tema, aunque se estima que el juez podría enviar a Marijuan a Nueva York para conocer si hubo avances en las averiguaciones.