Portugal denuncia xenofobia inglesa

Londres - Las huelgas contra la contratación de trabajadores extranjeros se intensificaron ayer en Gran Bretaña, mientras siguen las negociaciones para buscar una solución y el Gobierno de Gordon Brown se afana por evitar una campaña proteccionista, antieuropea y xenófoba. En tanto, el Gobierno de Portugal emitió su primer pronunciamiento en torno a una crisis potencialmente peligrosa y calificó de «absolutamente inaceptable el intento de discriminación» contra trabajadores comunitarios que observa en el Reino Unido.
«Queremos enfatizar la absoluta responsabilidad que los gobiernos tienen que asumir para evitar una desviación proteccionista, xenófoba, nacionalista, que si no fuese impedida muy rápidamente, con iniciativas muy fuertes de los gobiernos, nos puede arrastrar hacia una crisis aun mayor», advirtió el canciller portugués, Luis Amado.
Amado recordó que es necesario respetar las leyes que regulan la Unión Europea, en particular las que amparan el libre tránsito y residencia de sus ciudadanos en los diversos países del bloque.
Cientos de empleados volvieron a manifestarse ayer en la refinería de Lindsey, en North Lincolnshire (norte de Inglaterra), que la semana pasada fue el detonante de los paros que se han extendido en instalaciones similares del país en solidaridad con esos compañeros.
En apoyo de esa huelga, unas 600 personas secundaron ayer un paro espontáneo en la central eléctrica de Langage, cerca de Plymouth (sur de Inglaterra), al tiempo que se emprendieron acciones similares en otras cuatro plantas energéticas del país.
Las movilizaciones, que ya han afectado a una veintena de instalaciones, estallaron después de que la petrolera francesa Total hubo anunciado que la italiana IREM se había adjudicado el contrato para construir una nueva unidad de procesado en Lindsey.
Un centenar de italianos y portugueses trabaja actualmente en la planta, pero se espera que el próximo mes lleguen 300 obreros más, pues IREM quiere su propia fuerza laboral, integrada principalmente por mano de obra de esas dos nacionalidades.
Los trabajadores británicos han tildado de «escandalosa» la elección de empleados foráneos y han exigido al premier Brown que cumpla su promesa hecha el pasado año de garantizar «empleos británicos para los trabajadores británicos».
El llamado Servicio de Arbitrio y Conciliación (Acas), convocado por el Gobierno para mediar en el conflicto, presidió ayer las negociaciones entre Total, IREM y los sindicatos, si bien no precisó cuánto pueden durar unas conversaciones que parecen complicadas.
Desde el Gobierno, el ministro de Empresa, Peter Mandelson, abogó por no gastar energías en «la política de la xenofobia» para aprovecharlas mejor en la lucha contra la recesión.
Ante las acusaciones de xenofobia, Derek Dimpson, colíder del sindicato Unite (el más grande del país), respondió que «las acciones no oficiales que están teniendo lugar en todo el país no tienen que ver con raza o inmigración, sino con la clase social».
Entretanto, el diputado laborista John Mann echó más leña al fuego al proponer una moción parlamentaria «deplorando» la utilización de trabajadores foráneos en la refinería de Lindsey.
Agencias EFE y ANSA