El régimen limita las prerrogativas del Estado y aspira a lograr crédito de bancos y organismos públicos internacionales.
Luis Caputo
El Gobierno reglamentó la Ley 27.328 de contratos de Participación Público Privada (PPP), con el que espera atraer inversiones por más de u$s40.000 millones. El decreto, que tiene el número 118 y fue publicado ayer, indica que el régimen apunta a "desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica".
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La ley , sancionada por el Congreso a mediados de noviembre pasado, prevé que la centralización normativa de los contratos quede en manos de la Unidad de Participación Público Privada, en la órbita del ministro de Finanzas, Luis Caputo, con la asistencia del Ministerio de Hacienda.
El decreto declara "de interés nacional" todos los proyectos que se desarrollen en el marco de la Ley 27.328 e invita a las provincias a adherirse al régimen y a que eximan del impuesto de sellos a los contratos y subcontratos a ser ejecutados total o parcialmente en sus territorios en el marco de la PPP.
La norma establece además que no podrán incluirse en el régimen los proyectos cuyo único objeto sea la provisión de mano de obra, el suministro y provisión de bienes y la construcción o ejecución de obras financiadas sustancialmente con fondos del Tesoro Nacional.
La PPP pretende constituirse en una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública, donde el Estado diseña, financia, paga y opera y el privado ejecuta y construye.
El nuevo régimen excluye o limita en forma significativa las prerrogativas de la administración, como el poder de modificar unilateralmente el contrato; la rescisión por razón de interés público; la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones y la limitación de la responsabilidad estatal.
Según el decreto, la Unidad de PPP solicitará al Ministerio de Hacienda que comunique al Congreso el impacto fiscal de los compromisos asumidos.
Las nuevas formas de asociación entre el sector público y el privado apuntan a resolver las necesidades en materia de infraestructura y de creación de empleo, dando mayor participación a bancos y organismos multilaterales de crédito en la financiación de la obra pública.
Mediante el sistema de PPP la empresa privada suministra un servicio directamente al Estado mediante un contrato de diseño, construcción, operación y mantenimiento. Entre los ejemplos de proyectos posibles se menciona una planta de tratamiento de aguas, un centro hospitalario o un centro de distribución de cargas.
Durante el tratamiento en el Congreso la oposición planteó críticas, entre otros aspectos a la actualización por inflación que tendrán los contratos y la posibilidad de dirimir controversias en tribunales internacionales.
El ministro Frigerio expresó ante empresarios que el Gobierno tiene la intención de incrementar la inversión en infraestructura de modo que pase de 2 a 6 puntos del PBI, con un aumento desde poco más de u$s10.000 millones anuales a más de 25.000 millones en cuatro años.
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