Presión radical sobre causas de corrupción

Los miembros radicales del Consejo de la Magistratura se preparan investigar si existieron demoras innecesarias en las causas de corrupción. Este avance que intenta la oposición se da en medio de la polémica sobre el funcionamiento y autonomía de la Justicia, que se disparó en diciembre pasado por los dictámenes de la Cámara de Casación que ordenaron la liberación de ex militares acusados por presuntos crímenes de lesa humanidad, aduciendo falta de «plazo razonable» en su enjuiciamiento. Un debate en el que también circulan de fondo las sistemáticas denuncias de presiones a los jueces que el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, realizó durante todo 2008, fustigando al Gobierno.
Se suma ahora un nuevo punto de tensión. En este sentido, el consejero y titular del bloque de diputados radical, Oscar Aguad, anunció que este año va a ser una prioridad para ellos en el Consejo «hacer un planteo específico sobre la falta de avance en la causas por corrupción». Aguad (quien está a cargo de la Magistratura junto al titular del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz) adelantó además que trabajan en una serie de expedientes que apuntan a investigar el desempeño de los jueces en estos procesos y que llevarán al cuerpo para analizarlos.
A juzgar por los fuertes cruces en el plenario de apertura del Consejo, el jueves pasado, los enfrentamientos por estas cuestiones puntuales no van a tardar en surgir nuevamente. En esa reunión, Aguad ya había mostrado esta posición al responderle a la consejera oficialista, Diana Conti, quien se había referido a las denuncias concretas por presunto mal desempeño de los jueces de la Cámara de Casación.
Además de recordar que el cuerpo no había hecho lugar a un informe de Recondo sobre las investigaciones que no realiza el Poder Judicial (vinculado con las supuestas presiones de parte del poder en los casos de corrupción), el diputado opositor afirmó que los jueces debían investigar «mientras el Gobierno está funcionando, no sólo lo que pasó en los 70». Aguad también dio como ejemplo los procesos contra Carlos Menem, que recién empezaron a avanzar al perder poder el ex presidente y hoy muchas están al borde de la prescripción.
El consejero reforzó este planteo al indicar que «los casos relacionados a la represión y a la corrupción son las dos grandes tragedias de nuestra sociedad, pero la diferencia es que en el segundo caso es una tema continuo, no termina». Aguad estableció así una posición (y una estrategia de contrabalanceo del poder) para el radicalismo en el cuerpo, frente a la prometida avanzada del oficialismo sobre los jueces que no muestren progresos en las causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar. Avanzada que tendrá su primera prueba con la solicitud de un jurado de enjuiciamiento por presunto mal desempeño de sus funciones, que presentó la semana pasada la Secretaría de Derechos Humanos contra ocho jueces, a cargo de los dictámenes de diciembre pasado: los camaristas Guillermo Yacobucci, Luis García, Angela Ledesma, Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y los integrantes del Tribunal Oral N°5, Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías.
De profundizarse esta posición radical, podría sacudir al oficialismo en pleno año electoral, ya que existen más de 30 denuncias contra Néstor Kirchner en la Justicia, además de numerosas causas contra sus funcionarios, ex funcionarios, así como empresarios vinculados a la pareja presidencial.