Presupuesto 2013: Gobierno se asegura fondos sin control

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Más allá de las partidas destinadas a financiar la importación de combustibles, la inversión en un fiduciario para aportar a YPF por u$s 2.000 millones y las autorizaciones para contraer endeudamiento para financiar obra pública por u$s 34,341 millones, por mencionar sólo algunos ejemplos de novedades en el Presupuesto 2013, el Gobierno se volvió a asegurar este año contar con una nutrida caja que se refuerza cada año y que sirve para derivar fondos prácticamente a cualquier área del país: la Jurisdicción 91-Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Esa cuenta no es un tema menor dentro de la contabilidad nacional. Se ubica cuarta dentro de las áreas con mayor imputación de fondos del Estados: en primer lugar está el Ministerio de Trabajo, con $ 253.555,4 millones; le sigue Planificación Federal con más de 57 mil millones; la deuda pública con $ 55,495 millones y luego Obligaciones a Cargo del Tesoro con $ 52,866 millones.

No se trata de un ministerio, ni de una oficina en sí misma. De hecho en su origen ni siquiera era una jurisdicción de gasto sino sólo una cuenta distribuidora para compensar pagos. Pero ya en el Gobierno de Carlos Menem comenzó a quedar claro que la posibilidad de ingresar fondos y derivarlos a otras partidas, obviamente a través del uso de facultades especiales, superpoderes o decretos (como se diera en cada caso), le resultó siempre muy cómodo a la administración del momento.

¿Qué se puede hacer con esa cuenta, entonces? Es la que deriva fondos para asistencia a provincias, transferencias financieras a sectores económicos, créditos para asignar a distintas áreas del sector público o privado, entre los que están los subsidios, «compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales», como dice la nomenclatura oficial.

Otra de sus funciones básicas en los últimos años fue ajustar en sintonía con el decreto de necesidad y urgencia con el que el gobierno adecua cada año la ley de Presupuesto a la realidad de lo que efectivamente se recaudó. El año pasado, una sola de esas operaciones sumó $ 36.000 millones. Los excedentes ingresan allí y luego pasan a distribuirse en las modificaciones presupuestarias que se hacen por decisión administrativa.

«Contempla los gastos que no resulta adecuado otorgar al resto de las jurisdicciones o entidades de la Administración Pública Nacional», se definía en el Ministerio de Economía.

Es decir, que se pueden transferir desde allí fondos prácticamente a cualquier área pública o privada y eso justifica que el volumen que desde allí se maneja haya pasado de poco más de 4 puntos a 7 puntos del Presupuesto.

Y ésa es la explicación por la que Obligaciones a Cargo del Tesoro es el destino de fondos y recaudación excedentes que luego se redistribuyen desde allí, especialmente «subsidios o transferencias directas a sectores económicos» y obviamente la asistencia a provincias.

Desde esa cuenta se atendieron este año, por ejemplo, los gastos de funcionamiento de empresas públicas, fondos para Yacyretá, inversiones y asistencia a la minería y proyectos como EDUCAR SE, ENARSA, ARSAT SA o Nucleoeléctrica Argentina SA.

Otra de la novedades del Presupuesto 2013 es el tratamiento del incentivo docente. En el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera se recuerda que en el artículo 66 «se establece que a partir de 2013 los recursos asignados al Fondo Nacional de Incentivo Docente y al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente no podrán ser inferiores a los recursos asignados en el ejercicio 2012».

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