14 de junio 2017 - 00:00

PRO vira y ahora apura ley de responsabilidad empresaria

El ministro de Justicia y la titular de la Oficina Anticorrupción presentaron nueva propuesta que se intentará dictaminar hoy. Oposición, a ciegas. Ayer cayeron comisiones y sesión por falta de quórum.

Sin acuerdo. El oficialismo convocó a una sesión especial para declarar como “servicio esencial” al transporte público de pasajeros, tras el extendido y grave paro en Córdoba. En comisiones, la oposición intentó debatir la desactivación de pensiones por discapacidad. Todo fracasó por falta de quórum.
Sin acuerdo. El oficialismo convocó a una sesión especial para declarar como “servicio esencial” al transporte público de pasajeros, tras el extendido y grave paro en Córdoba. En comisiones, la oposición intentó debatir la desactivación de pensiones por discapacidad. Todo fracasó por falta de quórum.
Después de un mareo intensivo durante las últimas tres semanas, el PRO dio la orden de apurar, al menos desde la actitud, la ley de responsabilidad empresaria. Anoche, el ministro de Justicia, Germán Garavano; y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, explicaron a diputados de Cambiemos las modificaciones del proyecto original enviado por Casa Rosada para dictaminarlo hoy en un plenario de comisiones y llevarlo al recinto el 28-6.

El aterrizaje de Garavano y Alonso en Diputados y la intención de obtener un despacho de mayoría hoy, en un plenario que realizarán las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, choca con lo ocurrido horas atrás en esa misma Cámara, donde oficialismo y oposición dejaron sin quórum varios encuentros.

Por caso, Cambiemos no pudo tratar en sesión especial impulsada por el radicalismo para declarar "servicio esencial" al transporte público de pasajeros, tras el paro de más de una semana que realizaron los choferes en la capital cordobesa, ayer desactivado.

Fueron cordobeses y radicales quienes empujaron la sesión: Diego Mestre pisó el tema en 2016 con un proyecto y este año se agregó otra iniciativa de Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos.

Falta de quórum

El encuentro no se pudo realizar por falta de quórum necesario (129 legisladores) para dar inicio al debate, pese a la voluntad de Cambiemos y diputados que responden al gobernador Cordobés, Juan Schiaretti (PJ), entre otros presentes.

Por otra parte, ayer tampoco se pudo discutir la desactivación de pensiones a discapacitados que dispuso el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: faltaron todos los legisladores a excepción del Frente para la Victoria y del socialismo.

Lo curioso de la agenda en Diputados es que la ley de responsabilidad penal empresaria intentará ser debatida en el recinto el 28-6, con un temario que incluiría iniciativas sobre víctimas, endurecimiento de las excarcelaciones y agravantes por agresiones a docentes. Es decir, un debate tenso entre asuntos que deberían tener unanimidad.

Anoche, y tras la reunión con Garavano y Alonso, los propios legisladores del oficialismo mantenían dudas sobre la viabilidad de la propuesta, que no logra todavía convencer al grueso del bloque de Cambiemos.

Sin embargo, el PRO confía en dictaminar hoy el proyecto y negociar cambios con el massismo y el GEN de Margarita Stolbizer de cara a la sesión del 28-6. Ese día, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dará un informe de gestión en el recinto.

Pero la oposición reaccionó de manera negativa al nuevo giro que dio el PRO con este texto y recién hoy los bloques no oficialistas definirán si asisten al plenario de comisiones que se realizará en el anexo de Diputados, desde las 10. Legislación Penal es presidida por la radical Gabriela Burgos, mientras que la de Legislación es comandada por Daniel Lipovetzky (PRO).

Los puntos más ríspidos de la ley de responsabilidad empresaria: la figura de colaborador eficaz (habrá que ver si quedarán eximidos de prisión), las sanciones penales a las empresas y las multas a las "arrepentidas".

Argentina debe sancionar para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un proyecto que condene a una empresa por los delitos de corrupción contra el erario público, ya que hasta ahora la sanción sólo se puede aplicar al responsable de la firma, pero esto no implica que la misma deba interrumpir su actividad.

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