Promulgar ya, o no, ésa es la cuestión

CLAVES Y SEÑALES (PARA ENTENDER) • Si se promulgan ya las leyes de Cautelares y Casación, el Gobierno teme adelantar la andanada de impugnaciones. • Por eso proponían anoche demorar la promulgación hasta que se vote todo el paquete de reforma para que los legisladores no pierdan músculo. • Otra vez, la bisagra vino de Neuquén. • No creen que lo de Comelli fuera un error. • Entrenan al "grupo rating" con nuevos argumentos.

Carlos Zannini, Elías Sapag

El debate anoche en Casa de Gobierno, y que dividió a los funcionarios de la cúpula que recibía con menú de lujo a Dilma Rousseff, era la táctica a aplicar a la oposición en torno a los proyectos de reforma judicial que desde ayer son ley. Una posición, cercana a Carlos Zannini, decía que había que apurar la promulgación del nuevo sistema de Cautelares acotadas para que saliese hoy en el Boletín Oficial y tuviera plena vigencia. Una forma de obligar a la oposición, que promete una andanada de impugnaciones en Tribunales, a una batalla con la pólvora mojada, es decir, con un sistema de amparos con fecha fija de final. La otra posición, más cercana al Ministerio de Justicia, decía que hay que demorar la promulgación de esas leyes hasta que esté votado todo el paquete de la reforma, algo que ocurrirá dentro de quince días (la semana que viene el Senado no tiene previsto sesionar en plenario).

El argumento de quienes sostienen esto es que, apenas tengan vigencia las leyes de Cautelares y de las nuevas cámaras de Casación, se dispararán los reclamos en las primeras horas, y el tono de la pelea política y en los medios será otro. Esa artillería de apelaciones y amparos que reclamarán los críticos de las nuevas normas puede significar un hostigamiento sobre los legisladores que tienen que aprobar las normas votadas en Diputados, que incluye la que más le interesa al Gobierno, que es la elección de los consejeros de la Magistratura. Que se instale en la superficie la puja en los Tribunales alimentará, según esta percepción, de nuevo argumentos a los críticos, y puede hacerles bajar las defensas a senadores que tienen que perfeccionar el paquete que hizo avanzar ayer Diputados (cámara a la que le queda todavía por aprobar las reformas que se hicieron al sistema de ingresos a la Justicia). Ante esa amenaza, dice esta posición, mejor que duerman las leyes sancionadas durante los 10 días hábiles después de los cuales quedan promulgadas de hecho, o hacer, cuando todo ya sea ley, firmar la promulgación en conjunto. La decisión la tenía que tomar la Presidente, pero hasta avanzada la noche no había resuelto qué se hará. Bastará con mirar hoy el Boletín Oficial para saber cómo terminó ese debate en la cúpula.

Como en todas las batallas políticas en tiempos electorales, hay que atender más a la música que a la letra. Cristina de Kirchner celebró anoche, cuando saludaba a los invitados a la cena con Dilma, la votación de la madrugada del sistema de elección de consejeros (pasa al Senado) y de las leyes de Casación y Cautelares, como el triunfo político del año y por una sola razón, que instaló el tema de la reforma judicial cuando nadie hablaba de eso, alambró detrás de ella al peronismo que gobierna y enfureció a la oposición. Esa ponderación de la "instalación" de un asunto pertenece al universo del marketing y lo miden las mismas empresas que hacen paneles de productos en las góndolas de los supermercados. Alcanzar el objetivo, como ocurre en esta reforma política, importa más que su contenido. El Gobierno cedió lo que tenía que ceder -ante la Corte el control de los fondos y la seguridad de que sobrevivirá la familia judicial por lo menos en una modesta unión civil-. Esto enfureció en el oficialismo a las antorchas de la "Justicia legítima", otra corporación de magistrados que ocupan posiciones merced a los métodos que ahora califican, en una sana aunque apurada autocrítica, de antidemocrática e ilegítima. Nunca esperaron que los altos despachos de la Casa de Gobierno entregasen las banderas. La Presidente justificó su aceptación del reclamo que acercó la Corte al Congreso en su voluntad de aplacar los ánimos de quienes estuvieran dispuestos a bajar la presión de su rechazo, a cualquier costo. Lo hizo en corto tramo de la reunión que mantuvo con Julián Domínguez, Agustín Rossi, Diana Conti y Jorge Landau el lunes a la noche en el despacho de Carlos Zannini, que fue quien encabezó la mesa sin Cristina para explicarles los criterios por los cuales se modificaba el control de los fondos. En esa reunión repasaron la letra chica de las modificaciones y, cuando terminaban, apareció la Presidente para saludar, mirar los papeles y darles ánimo a los legisladores. Allí se habló de que no habría barras en los palcos del recinto para no enardecer más a la oposición. De ahí sacaron los asistentes a la reunión la constancia de que la Presidente había mantenido más de una charla con Ricardo Lorenzetti sobre los cambios. "Hablan todo el tiempo", fue la respuesta a la pregunta de cuál había sido el grado de relación en esta trama entre ella y el presidente de la Corte Suprema.

Ese ánimo triunfal de anoche en Casa de Gobierno, la música, aplacó los reproches por la letra de lo que había ocurrido. Primero, el blooper de la diputada neuquina Alicia Comelli al no registrar su voto a favor del proyecto de la Magistratura, que le arruinó al oficialismo una votación para la que tenía número, aunque ajustado. Lo probó la segunda votación a la que obligó Domínguez a la cámara. Cumplió con su deber al hacerlo porque hubiera dado pasto a las impugnaciones. Algo parecido hizo Barack Obama cuando juró su primer mandato como presidente y el juez de la Corte Suprema que le tomó el compromiso se equivocó al leerle el compromiso. Ese día Obama festejó, pero a la mañana siguiente, bien asesorado, llamó al juez y le hizo repetir el juramento completo. Por si las moscas. También cumplió con su obligación la oposición al encenderse en reclamos ante el "128" que iluminó el tablero electrónico, que aparentaba con que el artículo 2 del proyecto se caía por falta de votos. El "128" es el número de la suerte para la oposición y no iban a dejar de usarlo, más cuando ya Domínguez había intentado que se votase en particular a mano alzada o capítulo por capítulo. Podía ocurrir lo peor, y ocurrió, pero enfriadas las cosas, las miradas del oficialismo se dirigen ahora hacia la neuquina Comelli. ¿Casualidad o causalidad? ¿Se equivocó o fue una picardía para hacerse notar y facturar en público el apoyo a la reforma que había comprometido en privado. Quienes conocen la trayectoria de Comelli no admiten que se haya equivocado. Recuerdan que pertenece al MPN de los Sapag que gobierna su provincia y que tiene un enfrentamiento durísimo con el peronismo local que conduce el senador Marcelo Fuentes. Exhibir su voto urbi et orbi pudo obedecer a la intención de hacer visible que ella le saca leyes al Gobierno en el Congreso, mientras que Fuente hostiga a su Gobierno en la provincia. En el caso del otro voto no registrado, el del peronista Juan Carlos Forconi, santafesino que reporta a Jorge Obeid, nadie levantó suspicacias. Fue uno de los errores en el registro del voto que suelen ser habituales en las votaciones, pero que ayer saltó por el contexto del debate.  

No faltó el memorioso que recordase que ya antes otro neuquino fue bisagra de una votación clave del peronismo. Elías Sapag, padre del actual gobernador Jorge y jefe político de Comelli, dio por tierra con su voto en el Senado a la llamada "ley Mucci" que había propuesto el Gobierno de Raúl Alfonsín para reformar la norma de asociaciones profesionales que intentaba demoler el poder de los gremios, identificados con el peronismo. En la sesión del 15 de abril de 1983, poco más de tres meses de asumir Alfonsín, el voto de Sapag fue decisivo para que la ley fracasase en el Senado, en una sesión voto a voto a la que asistieron Lorenzo Miguel, Saúl Ubaldini y otras estrellas del gremialismo de antaño. Para el peronismo es una fecha para recordar. El país vivía la primavera democrática después de la derrota de Ítalo Lúder ante Alfonsín. Era la primera vez en la historia que el peronismo perdía una elección y el partido parecía avanzar a la desintegración sin rumbo después de ese cataclismo. El voto de Sapag contra la "ley Mucci" produjo el primer fracaso de Alfonsín, y el peronismo sigue viendo esa fecha como un hito para la recuperación que alcanzó en 1989 con Carlos Menem. Con esta estirpe, nadie creía mucho ayer que lo de Comelli hubiera sido un error.

A la espera de que se complete el paquete en el Congreso, al peronismo le faltan varias batallas después del blooper de ayer en el cual la oposición mostró el estilo y la fuerza que puede tener en la opinión pública. Para eso, el Gobierno mandó a preparar minutas con argumentos para que usen los legisladores para el voto de la elección de consejeros en el Senado y para que también empleen los voceros que integran el "grupo rating" de funcionarios y aliados que salen por radio y TV a defender las consignas del oficialismo. Ayer a la mañana, Cristina de Kirchner funcionaba como si se hubiera quedado toda la noche frente al televisor de Olivos viendo la sesión. Llamó a varios legisladores y ministros por teléfono, los hizo participar del ánimo triunfal y les dio una sola orden: "Hagan prensa, salgan a defender". Para el Gobierno es clave en este paquete la elección de consejeros, porque es la forma de nacionalizar unos comicios como los de octubre, que eran provinciales. Ahora habrá una elección de consejeros en distrito único en la que serán candidatos las principales figuras de todos los partidos. Cristina se ocupará de acompañar la campaña de su candidato a primer consejero, que es un tapado que va quedar instalado -siempre se trata de eso- como un pro candidato presidencial, o para vice en la fórmula a la que está condenado el peronismo con Daniel Scioli a la cabeza. Ayer hubo conversaciones por teléfono hasta con el conservador ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, amigo de Mauricio Macri, quien alimentó al Gobierno de argumentos para avanzar en la elección popular de consejeros. Allá el Consejo Superior de Poder Judicial tiene 20 miembros, ocho del Parlamento y doce de las asociaciones de jueces, pero éstos, contaron desde Madrid, también van a la reforma porque un juez español que quiera ser consejero puede competir por un cargo con el aval de 25 colegas. Con esos datos aparecerán nuevos argumentos en el mercado del debate. Uno lo expresa Julio Alak, responsable de esas minutas, al decir que hoy "un consejero por los jueves puede serlo con 342 votos, que son los que sacó su agrupación en la elección del gremio de jueces. ¿Cómo no ir hacia una elección popular?". La base de esas argumentaciones son, como siempre, las encuestas. En todos los debates del Gobierno sobre esta reforma cruzan datos de sondeos que dicen que la Justicia está desprestigiada en la opinión pública. Uno de ellos, que estaba el lunes en el despacho de Zannini, dice que el público se queja de la inseguridad, pero que cuando le preguntan quién tiene la responsabilidad, responde que la Justicia en primer lugar, el Gobierno en segundo y la Policía en tercer lugar.