Protesta por concesión de residuos

Enrique Pescarmona

Mendoza - En medio de una fuerte polémica, la Cámara de Diputados provincial dio ayer media sanción a la concesión de la recolección y tratamiento de los residuos patológicos a la empresa TYSA, de Enrique Pescarmona. Mientras tanto, los trabajadores y dueños de 5 empresas del rubro cortaron el tránsito en protesta.

En una ajustada votación, 25 a 21, el proyecto fue apoyado por el PJ, la UCR y los diputados Mirta Díaz, Daniel Cassia y Luis Orbelli. En tanto, el cobismo, los demócratas, el justicialista Roberto Blanco, el independiente Ricardo Puga y los radicales excepto Raúl Vicchi y Jorge Serrano, lo rechazaron.

Ahora, como la adjudicación de este servicio depende del aval legislativo, resta que el Senado también lo apruebe.

Mientras la Cámara baja trataba el proyecto, una veintena de empleados y empresarios se manifestaron frente a la Legislatura, donde hubo caos vehicular. «Somos cinco empresas, de las cuales tres estamos haciendo una UTE y si le dan la concesión a la gente de Pescarmona, toda esta gente que ve acá, todos estos vehículos, todo hay que salir a venderlo», declaró el empresario de Coraval, una de las empresas prestatarias, Manuel Ávalos.

La firma, que pertenece el holding Pescarmona, ganó la licitación para la recolección de residuos patológicos y farmacológicos pese a que la tarifa por el servicio que propone está en el ojo de la tormenta por su alto valor. Integrantes de la Cámara Empresaria de Transporte de Servicios de Recolección de Residuos Patológicos se opusieron tenazmente durante todo el proceso, ya que con este nuevo contrato, TYSA cobrará $ 11 el kilo de residuo recolectado, por lo que se convertiría en una de las tarifas más caras del país. Aseguran que esto perjudicará a clínicas y sanatorios de Mendoza.

Carlos Pérez Ragasón, representante de la cámara, dijo que la licitación «perjudica a Mendoza y nos perjudica económicamente a nosotros y al sistema de salud. Nos hemos cansado de reiterar que este precio es inviable y lo hemos demostrado con documentación comparativa. A nuestro modo de ver, esta licitación es impuesta. Antes de votar los legisladores tendrían que haber conocido en profundidad el tema».