Proyecto oficial confirma que seguirán superpoderes

Copia del proyecto de ley que Cristina de Kirchner envió al Senado el miércoles a última hora para reducir al 5% del Presupuesto nacional la facultad para modificar el destino del gasto.

Será difícil que el Gobierno convenza al Congreso sobre sus verdaderas intenciones de limitar los superpoderes para manejar el gasto. El proyecto que Cristina de Kirchner envió al Senado para supuestamente reducir esas facultades presidenciales sólo limita a un equivalente al 5% del total del Presupuesto las posibilidades del jefe de Gabinete de reasignar partidas. El Gobierno lo hará modificando el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, el mismo que Cristina de Kirchner modificó en 2006 siendo senadora para que Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete, pudiera gozar de superpoderes en forma permanente.

En su primera reacción, la oposición elogió el gesto de la Presidente, pero sin leer el tercer párrafo del primer artículo del proyecto, donde se establece que quedan afuera de esa limitación «los créditos de la Jurisdicción 91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro cuando se destinen a otras jurisdicciones».

Esa «Jurisdicción 91» es como un ministerio sin edificio ni empleados. Consiste en un cuenta a la que se derivan fondos para atender asistencia a provincias, programas especiales o emergencias y ha sido siempre la favorita de Néstor y Cristina de Kirchner, por lo menos en las leyes de Presupuesto de sus gobiernos. Pero la lista de destinos desde esa cuenta es aún mayor: de allí sale asistencia financiera a entidades, al Poder Judicial, la defensa, relaciones exteriores, servicios sociales, servicios económicos; es como un presupuesto dentro del Presupuesto.

Ejemplo

A esa «cuenta» se han girado excedentes de recaudación que luego se distribuyen desde allí para otras finalidades y por montos que superan ampliamente el 5% del Presupuesto total al que ahora acepta ajustarse el Gobierno. Basta como ejemplo el Presupuesto 2009: a la Jurisdicción 91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro se le asignaron $ 15.790 millones sobre los que se podrán hacer modificaciones, incrementar o redistribuir sin ninguna limitación, sin contar que a esa cuenta se destinan durante el año los excedentes de recaudación. Es cierto que la evolución de las cuentas fiscales este año no será la mejor, pero en 2008 ese incremento por encima de lo votado en el Presupuesto se elevó a 40.000 millones.

Al contrario, la autolimitación al 5% del gasto total que ahora prometió el Poder Ejecutivo significa para el mismo período $ 11.500 millones.

Hay un dato, además, que no se puede soslayar: la mayoría de las partidas que quedarán bajo el límite del 5% del proyecto que envió el Gobierno son de gasto rígido, es decir, sueldos, transferencias y asignaciones que no pueden modificarse. La única jurisdicción del Gobierno que tiene flexibilidad para cambiar el destino de sus partidas es, precisamente, Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Ese manejo de la Jurisdicción 91 sin controles comenzó a operar hacia 2005, cuando en el Presupuesto de ese año se introdujo una modificación que pasó casi inadvertida en la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. En el artículo 15 de esa ley se levantó el límite para manjar fondos en Obligaciones a Cargo del Tesoro y desde allí comenzó a manejar la mayor parte de la contabilidad extra que ingresaba al Tesoro por la recaudación creciente.

Esa reforma a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, que también conforma un superpoder para el Gobierno, no está ni mencionada en el proyecto que el miércoles por la noche ingresó en el Senado. Forma parte de lo que se conoce como la triple barrera que levantaron los Kirchner para que el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y la Complementaria no complicara el manejo de los excedentes de recaudación que el Gobierno consiguió subestimando el crecimiento de la economía y sobrestimando gastos.

La tercera barrera siempre fue el arma más fuerte que el Poder Ejecutivo tuvo para ampliar el gasto o modificar el destino de partidas cuando se trató de grandes montos que superaban el límite máximo de gasto del Presupuesto nacional, única restricción que se mantuvo en el modificado artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Órganos de Control.