Quejas por una ley de Pinochet

Santiago - Unas 200 mujeres mapuches chilenas marcharon ayer en la sureña ciudad de Angol para pedir al presidente Sebastián Piñera «voluntad política» para poner fin a la huelga de hambre que mantienen desde hace un mes 32 presos, a los que consideran políticos.

El «werkén» (portavoz) de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullán, denunció la grave situación de salud que enfrentan los prisioneros políticos mapuches, que están en huelga de hambre en diferentes cárceles del sur, desde el pasado 12 de julio.

«Se quiere demostrar que hay un descontento generalizado del mundo mapuche y que las mujeres, madres y hermanas de los presos están sufriendo», apuntó.

Los presos están procesados o condenados bajo la ley antiterrorista, legado de la dictadura de Augusto Pinochet, por su presunta implicación en ocupaciones ilegales de tierras e incendios de instalaciones agrícolas, en el marco del llamado «conflicto mapuche», que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas o forestales de la Araucanía.

Al llegar a la gobernación provincial de Malleco, las mujeres, acompañadas por sus hijos, entregaron una carta dirigida al presidente Piñera en la que instan al Gobierno a que se abra un diálogo sobre sus demandas para poner fin a la situación.

Los familiares de los mapuches detenidos protestan porque la legislación «antiterrorista» no permite, según dicen, la debida defensa en juicio, establece penas más severas que en delitos ordinarios y habilita un doble juzgamiento entre las justicias civil y militar.

El portavoz de la comunidad de Temucuicui explicó que la situación de los huelguistas, que han perdido entre 7 y 12 kilos de peso y presentan náuseas, mareos, desorientación, bajas de presión arterial y calambres, es «muy delicada».

Agencia EFE