19 de mayo 2017 - 00:10

Reactivación amarreta

La primera reacción fue sorpresa y entusiasmo. El informe que Alberto Abad llevó esta semana a Jefatura de Gabinete muestra que en marzo hubo un aumento de 38.000 puestos de trabajo asalariados en el sector privado. Es el mayor incremento mensual desde que en agosto del año pasado comenzó la recuperación de parte de los más de 100.000 empleos en blanco que el sector privado había eliminado desde el comienzo de la gestión Cambiemos.

Pero después de la primera reacción sobrevino la cautela. Los que mes a mes siguen en la Casa Rosada con mucha atención al que consideran un indicador clave del nivel de actividad se dieron cuenta de que el dato era demasiado bueno, analizaron posibles causas y, con prudencia, optaron por esperar al informe mensual sobre empleo asalariado registrado que elabora el Ministerio de Trabajo.

Ocurre que entre la medición de Afip y la de Trabajo hay una diferencia metodológica que en marzo puede causar resultados bastante distintos. La Afip contabiliza los aportes y contribuciones a la Seguridad Social que se realizan en el período sin tomar en cuenta que puede haber duplicaciones originadas en personas que tienen dos trabajos. Y en marzo suele suceder que con el final de las vacaciones y el comienzo de las clases, muchos maestros de escuelas privadas y trabajadores de otros oficios sumen un segundo empleo. En cambio, el ministerio contabiliza la cantidad de personas con Cuil con aportes y contribuciones, independientemente de si tienen uno o dos empleos.

De todas maneras, están seguros de que el dato de Trabajo también será positivo y se sumará a una lista de indicadores en los que basan su convicción de que la economía está rebotando. Pero son conscientes de que la mejora en el nivel de actividad va a ser "amarreta" y muy despareja. Y por sobre todo, que la recuperación no va a ser muy perceptible ni en el bolsillo ni en el consumo.

La explicación a esto último es que si bien en los últimos meses el salario (al menos el de los trabajadores en blanco) le ganó por algunos pocos puntos a la inflación, esa ganancia no compensa el mayor peso que los servicios públicos encarecidos tienen ahora en el presupuesto familiar. Por lo tanto, lo que queda para el supermercado y otros gastos no es más (y en algunos casos menos) que antes de los aumentos tarifarios, lo que se refleja en los magros números de consumo.

Tratándose de un año electoral, la recuperación "amarreta" que esperan induce a los estrategas del Gobierno a priorizar otras banderas de campaña por sobre el crecimiento económico. Desde lo político, la polarización con todo aquel que represente al Gobierno anterior, y desde lo económico la exhibición de obra pública y la caída de la inflación que apuestan lograr a partir de junio (mayo cerraría cerca del 2 por ciento).

Respecto de la inflación, Federico Sturzenegger siempre contó con el firme respaldo de Mauricio Macri a su política monetarista, pero despertaba quejas de figuras importantes del Gobierno. Con la llegada de Nicolás Dujovne y la confianza que contagió en el gabinete acerca de que los precios desacelerarán en la segunda mitad del año, el presidente del Banco Central logró alinear a su favor a varios de los que internamente lo criticaban.

Paradójicamente, una de las varias razones para poner en duda el logro en materia inflacionaria al que aspira el Gobierno es la nueva línea de acción en materia cambiaria que Sturzenegger ha puesto en marcha hace dos semanas con compras diarias en el mercado de 100 millones de dólares para las reservas, que se suman a las compras que le hace al Tesoro de los dólares del endeudamiento que toma el Estado para financiar parte del déficit fiscal.

Esas intervenciones, más el impacto de la crisis política brasileña, llevaron el dólar otra vez arriba de 16 pesos. Se sabe que los precios no bajan cuando hay apreciación cambiaria. Pero suelen subir con las devaluaciones.

Volviendo a los números del mercado laboral pero con una mirada más estructural, una de las serias deficiencias de la economía argentina es que en un país con 20 millones de población económicamente activa, los trabajadores en blanco en relación de dependencia sean bastante menos de un tercio (6.224.000), y que hayan crecido menos del 2 por ciento en los últimos cinco años.

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