Reclamo a empresarios por empleo para los sectores más vulnerables

Según un estudio de ACDE y la UCA la inserción laboral de grupos con vulnerabilidad social es casi nula en Argentina. Existen beneficios que no se adoptan. El prejuicio es la principal barrera.

El desempleo en Argentina llegó al 7,2% en 2017, según la última medición del INDEC; sin embargo, esa cifra se multiplica en los sectores más vulnerables golpeados por la pobreza, explica un informe sobre inclusión laboral que interpela al sector empresario involucrarse, vencer prejuicios y orientar sus políticas de RSE integración de este capital humano.

El estudio "Trabajo y negocios inclusivos: integración de grupos vulnerables" realizado por Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) junto al Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la UCA tiene como objetivo visibilizar la problemática y generar conciencia sobre la relevancia de las acciones de la sociedad, el Estado y el sector privado.

"Hay normas que regulan la posibilidad de insertar a estas poblaciones, sin embargo no tienen escala, no están siendo aplicadas y no son parte de una política del sector empresarial", explica Agustín Salvia, director de la ODSA.

Para el estudio identificaron a seis grupos en circunstancias de doble vulnerabilidad: personas con alguna discapacidad en situación de vulnerabilidad económica, mujeres pobres con hijos, jóvenes pobres con bajo nivel educativo y de sectores vulnerables, varones en los últimos años de su actividad, expresos y adictos en recuperación.

NÚMEROS

Los números ratifican un panorama sombrío. Por caso, para las personas discapacitadas la inserción laboral es problemática, ya que sólo el 13% tienen un empleo digno, y ese número baja a la mitad si además se encuentran en una situación de pobreza.

Las mujeres pobres con responsabilidad familiar, de entre 35 y 49 años, que quieren volver al trabajo luego de haber estado inactivas, tienen más dificultades para encontrarlo. Sólo un 11.1% de este grupo accede a un empleo pleno, mientras que un 42.2% de mujeres con hijos, pero que no están debajo de la línea de pobreza, consiguen empleo. Similarmente, sólo 1 de cada 10 jóvenes pobres de bajo nivel educativo consiguen un empleo, mientras que 4 de cada 10, en el caso de no ser pobres.

PREJUICIO

El rol del empresariado como principal dador de empleo es fundamental para esta problemática. Si bien hay incentivos para contrataciones como en el caso de personas con discapacidad, lo cierto es que a veces los trámites son engorrosos y el beneficio es un por periodo corto de tiempo.

"Las leyes obligan al Estado a una contratación del 5% de la planta de discapacitados y eso no se cumple. En el sector privado depende muchas veces de la vocación de cada empresa", afirma Salvia sobre este punto.

Por su parte, Ana Pico, directora ejecutiva de ACDE destaca que "el sector privado tiene mucho para dar; si realiza acciones orientadas a fomentar la demanda laboral de estos colectivos y elimina barreras que trascienden al empleo".

El prejuicio es otra de las barreras que frenan este tipo de contrataciones. Según destaca Salvia el prejuicio está más presente en los mandos medios que en la alta gerencia y en el caso de los discapacitados a veces sucede por temor a no saber cómo construir un vínculo laboral.

María José Sucarrat, directora de la R.E.D. de empresas por la diversidad de la Universidad Di Tella, asegura que el mayor reparo lo viven las personas excarceladas. "Hay un prejuicio muy alto, la gente no cree que las personas que salen de la cárcel se puedan reinsertar laboralmente y cumplir con responsabilidades", analiza.

Según esta especialista dentro de este sector entre el 70% y el 80% no consigue trabajo, sumado a otras barreras como normas de compliance en algunas empresas que no permiten ingresar a personas con antecedentes e incluso el Estado no se puede tomar expresos.

ESTRATEGIA

Si el costo argentino es una de las principales preocupaciones del empresariado local, parece difícil pensar la incorporación de personas con discapacidad porque supondría más gastos para las empresas. En esa afirmación nuevamente actúa el prejuicio advierten los especialistas. "Contratar a una persona con discapacidad no es más costoso que contratar a otra persona", sentencia Sucarrat.

Por último, muchas empresas dedican fondos a fundaciones que capacitan a jóvenes en situación de vulnerabilidad para el mercado laboral pero esas mismas empresas finalmente no los contratan. Según la especialista de la Universidad Di Tella, se produce una suerte de "agujero negro" entre el final de la capacitación y la búsqueda del empleo en soledad que hace que los jóvenes terminen desmotivados. Las causas de este bache pueden encontrarse en la falta de diálogo entre las áreas de RSE y RR.HH. "Tendría más sentido que las áreas de RSE utilicen ese dinero en capacitaciones técnicas que estén alineadas con las búsquedas de la empresa", recomienda.

Para Salvia "el compromiso social empresario más importante es que las empresas a la hora de realizar contrataciones tomen de cada 10 nuevos empleados, dos personas con algún tipo de vulnerabilidad".