Remediosgate: impulsan pesquisa sobre ministerio

Juan José Zanola

La Cámara Federal porteña confirmó ayer los procesamientos con prisión preventiva del ex titular de la Asociación Bancaria Juan José Zanola; de su pareja, Paula Aballay, y del propietario de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, así como del resto de los imputados por supuesta asociación ilícita.

Zanola está acusado de supuestamente liderar una asociación ilícita dedicada a traficar medicamentos adulterados contra el cáncer y el HIV con otra asociación ilícita, presuntamente encabezada por Lorenzo. La Cámara también dictó un embargo de $ 10 millones sobre los bienes del sindicalista y de $ 5 millones para Aballay.

En un fallo que complica seriamente la situación de los acusados, el tribunal de alzada integrado por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ordenó además al juez Norberto Oyarbide, a cargo del caso, que «sistematice» la pesquisa y profundice sobre la investigación del Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires por posible connivencia. La resolución se enfoca particularmente en la Administración de Programas Especiales de Salud, que hasta el año pasado estuvo a cargo de Héctor Capaccioli, también recaudador de la campaña presidencial de 2007 de Cristina de Kirchner y Julio Cobos.

En el fallo se indica a Oyarbide en este punto que «en relación con la maniobra que rodea la presentación de los expedientes solicitando reintegros ante la Administración de Programas Especiales deberá, por un lado, investigarse la posible connivencia en su tramitación con aquellos funcionarios que cumplían funciones dentro y fuera del mencionado organismo». Y, en segundo lugar, «deberán identificarse en su totalidad aquellos en los que prima facie se hayan acreditado maniobras fraudulentas para obtener el cobro indebido» y ordenar un peritaje de manera inmediata. La APE fue allanada el año pasado por orden de Oyarbide, entre otras dependencias estatales, sobre las que todavía se está analizando prueba.

La Cámara también ordenó al magistrado «identificar y ordenar un modo sistemático los cheques y las órdenes de pago irrevocables garantizadas que fueron secuestrados» y acelerar el trámite de las pericias sobre los medicamentos supuestamente adulterados, cuyos resultados todavía no se conocen en su mayoría. Además, se instruye a Oyarbide de que avance en la investigación de ocho personas nombradas repetidas veces en las escuchas, entre ellas, el gerente de sistemas de la Obra Social de la Asociación Bancaria, Pedro Aballay, y el empleado de finanzas Sebastián Costa, vinculados también a los imputados.

A su vez, el tribunal modificó algunos de los procesamientos, como en el caso de la viuda de Sebastián Forza (víctima del triple crimen de General Rodríguez), Solange Bellone, quien fue excarcelada a pesar de ser confirmado el procesamiento.

En la misma situación quedó el ex jefe del programa de Control de Cáncer del Ministerio de Salud, Roberto Loiácono.

El tribunal de alzada también confirmó los procesamientos con prisión preventiva de la subdirectora del Policlínico Bancario, Susana Fionna; de Carlos Torres, socio de Lorenzo en San Javier, y de Miguel Cosme De Marco, quien se desempeñaba en el ANMAT y era el padre del dueño de la droguería Del Plata, quien avisó de una inspección.

Por otro lado, la Cámara confirmó los procesamientos pero ordenó la libertad de los empleados de droguería San Javier Sergio Blanco y María Victoria Berisso, y de Alberto Costa, ex subsecretario del Ministerio de Salud Bonaerense, además de Bellone (imputada por su cargo directivo en la droguería de su esposo BairesMed). También fueron excarcelados el titular de la droguería Biodrugs, Fernando Roberto Loiácono, Claudio Ferrari (ex gerente de la obra social de los bancarios), David Fainstein (ex director médico del Policlínico Bancario), María Matilde Ríos y Fabiana Attaguile (ex empleadas de San Javier).

La Cámara dio por probado que «existió un acuerdo de voluntades permanentes tendientes a lucrar indebidamente con la comercialización de medicamentos» y confirmó la pesquisa de Oyarbide, sin bien le objetaron el haber realizado una «labor investigativa desordenada» con una «metodología zigzagueante». El caso, que ya lleva varios cuerpos y desbordó la capacidad del juzgado con cajas de pruebas, comprende más de 30 causas conexas en todo el país, y ya suma más de 70 allanamientos en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.