Respiro: Cambridge felicita por lavado

El Gobierno tuvo un respiro ayer en el frente del GAFI por los cambios que ese organismo le exige al país no sólo en la legislación contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo y las críticas a la aplicación que hacen de esas normas tanto la UIF como en la propia Justicia.

Ahora la Universidad de Cambridge le reconoce al país el esfuerzo en el ejercicio de adaptarse en corto tiempo a los estándares legales antilavado internacionales, aunque todavía no se haya llegado a la aprobación final del GAFI.

De ahí que se invitó a la Argentina a exponer su caso en la apertura del 30 Simposio Internacional de esa universidad. Julio Alak, que hablará en la apertura junto con el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.

Sobre todo por los considerando que Cambridge incluyó en la carta de invitación como mencionar el «exitoso plan, que le ha valido al país el reconocimiento de la comunidad internacional».

En plan de halagar al país, la universidad destacó «las políticas de Estado soberanas» implementadas por la administración nacional y reconoce los «exitosos esfuerzos realizados por la República Argentina en el reciente encuentro del GAFI, que han sido aplaudidos internacionalmente».

Y frente a lo que fueron las peleas del país en el GAFI, en el que estuvo varias veces a punto de quedar afuera, hay un párrafo de esa carta que el Gobierno lo toma ya como bandera de campaña: «Por este motivo, estamos interesados en aprender de la perspectiva argentina respecto de las iniciativas nacionales e internacionales sobre cómo debe procederse en la lucha contra el lavado de dinero». Imposible de pensar que un año atrás alguien en el hemisferio norte opinara así del país en materia de lavado de dinero. «Parecería ser que estamos en una encrucijada y esta experiencia es muy pertinente y seguramente será bien recibida», cierra la invitación.

El Plan de Acción del país contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo fue presentado ante el GAFI en febrero de 2011 y contempla «medidas y reformas destinadas a fortalecer los sistemas locales de prevención, investigación y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la manipulación de mercados, entre otros delitos de carácter económico financiero».

Y en ese tren si bien el Gobierno de Cristina de Kirchner no aprobó todo lo que le pidió el GAFI, sobre todo en materia de tipificar en el Código Penal la figura del terrorismo al tratar el financiamiento de las actividades que pueden provocar terror en la población como un agravante de otros delitos, siempre quedó dentro del estándar mínimo que exigió el organismo y sobre todo con la aprobación de los Estados Unidos en este tema.

Así los deberes que hizo el kirchnerismo, en algunos casos en votaciones relámpago para que la delegación de funcionarios que viajó en cada caso a la Asamblea del GAFI tuviera logros que mostrar, incluyeron la Ley 26.683, que creó la figura del autolavado de activos y las 26.733 y 26.734, que incorporaron al Código Penal los delitos contra el orden económico (con aristas que excedieron lo que el GAFI pedía) y el agravamiento de penas para los casos de financiamiento del terrorismo. Ese rally es el que ahora Cambridge quiere tomar como caso de estudio.