Brasil y su Ministerio Público Fiscal se han mostrado receptivos a la idea de un acuerdo de cooperación que ha resucitado en los últimos días con conversaciones extraoficiales, tras varios fracasos en los intentos para homologar marcos jurídicos entre ambos países. De hecho, La exprocuradora Alejandra Gils Carbó había firmado un convenio macro con su también saliente par, Rodrigo Janot para avanzar en la conformación de un equipo binacional de fiscales que compartan pruebas como si integraran un grupo investigativo sin fronteras. Todo se empantanó. Eduardo Casal debió respaldar la postura del fiscal Federico Delgado -a quién Brasil tentó con testimonios de exejecutivos en el marco de las dos causas que instruye (gasoductos y plantas potabilizadoras de AySa)- pero a cambio de inmunidad. Ambos dijeron que no estaba en la legislación ese escenario de prescindir de una persecución penal. Como informó Ámbito Financiero, Casal le remitió su respuesta también al Ministerio de Justicia, en caso de impulsar una modificación del marco legal para destrabar el asunto. El nuevo proyecto de Código Penal tampoco flexibiliza este aspecto.
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