Revés de Miceli, que va a juicio

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Un recurso de queja interpuesto por la ex ministra de Economía Felisa Miceli fue rechazado ayer por la Corte Suprema de Justicia, dejando el camino abierto para que la ex funcionaria sea sometida a juicio oral por ser la presunta autora del delito de encubrimiento en concurso real con el delito de destrucción de documento. Miceli se encuentra procesada, sin prisión preventiva, en el marco de la causa que investiga la procedencia de una bolsa de dinero con $ 100 mil y u$s 31 mil, hallada en el baño de su despacho en junio de 2007.
El Máximo Tribunal consideró que el recurso extraordinario presentado por la ex ministra, cuya denegación había originado la intervención del cuerpo, no se dirigía «contra la sentencia definitiva o equiparable a tal por sus efectos». El fallo complica aún más la situación judicial de la ex funcionaria, quien había renunciado a su cargo en julio de 2007.
La causa es tramitada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, quien había procesado a la ex funcionaria a principios de 2008, al considerar que parte del dinero encontrado habría salido en forma ilícita de una financiera minorista de Villa Lynch, en el partido bonaerense de San Martín. La imputada también está acusada por la presunta destrucción del acta policial en la que quedó asentada la aparición del dinero. Al ser ambos delitos excarcelables, la ex ministra no cumplió tiempo en prisión, si bien tuvo que enfrentar un embargo por $ 200 mil sobre sus bienes.
La bolsa de dinero había sido descubierta, en el baño de su despacho en el ministerio, por la Brigada de Explosivos de la Federal el 5 de junio de 2007. Sin embargo, los problemas judiciales comenzaron para la ex funcionaria al no poder demostrar el origen del dinero ante el fiscal a cargo de la causa, Guillermo Marijuán. Por otro lado, el mismo día del descubrimiento, Miceli dio instrucciones para que la Policía le enviara el acta del hallazgo. A pesar de que la funcionaria entregó copias a la prensa, una vez que explotó públicamente el caso, el original no volvió a aparecer.
Si bien Miceli había declarado que el dinero pertenecería a su hermano, Horacio Rafael Miceli, los billetes encontrados en la bolsa estaban termosellados bajo la denominación del Banco Central de la República Argentina, que sólo reparte dinero a bancos y entidades financieras.
Al estallar el caso, la ex funcionaria ya era una sobreviviente del caso Greco, el presunto fraude con el que el grupo mendocino habría pretendido estafar al Estado a través de un pago por $ 600 millones. Este hecho, que todavía es investigado por la Justicia (y por el que dos ex funcionarios de Economía, el ex subsecretario de Legales, Osvaldo Siseles, y la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, se encuentran procesados) se hizo público en plena audiencia de discusión de la Ley de Presupuesto, en el Senado de la Nación. La ex ministra había solicitado con la firma de Néstor Kirchner y de Alberto Fernández la emisión de una serie de bonos por una suma millonaria, que no estaban justificados.
A pesar de la seguidilla de escándalos, Miceli (que siempre negó las acusaciones, si poder esclarecer tampoco su situación) se mantuvo siempre en la esfera pública. Apenas cuatro meses después de su renuncia, asumió el cargo de coordinadora general de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafini. Su función es, nada más y nada menos, manejar los millonarios fondos otorgados discrecionalmente por el Gobierno a la activista, para proyectos como la universidad, la radio y la construcción de miles de viviendas populares, que impulsa la asociación, proyecto al que también aporta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una excelente estrategia para mantener cierta dimensión de poder y, desde ahí, defenderse de los avances de la Justicia.

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