Riachuelo: advierten con multas a funcionarios por falta de control

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El juez federal de Quilmes Luis Armella exigió a los catorce intendentes que gobiernan municipios emplazados sobre el Riachuelo y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que profundicen los controles sobre las industrias establecidas en la zona de saneamiento, y también resaltó la omisión de estos organismos en el cobro de multas y entrega de informes sobre fábricas contaminantes.

El magistrado advirtió a todos los funcionarios vinculados al proceso de saneamiento que, de no avanzar en estas tareas, podía disponer multas sobre su propio patrimonio por «incumplimiento de una orden jurisdiccional».

La amonestación de Armella a los intendentes y funcionarios que tienen que intervenir en el proceso de saneamiento del Riachuelo se basa en un duro informe, donde el juez remarca el mínimo avance en la reconversión de fábricas que ya han sido declaradas como agentes contaminantes. Según el último relevamiento de ACUMAR en la zona, del 8 de febrero pasado, existen 1.085 empresas declaradas agentes contaminantes, pero sólo 733 de ellas han presentado un plan de reconvención para poder seguir en la zona y únicamente 9 industrias han sido reconvertidas.

En este punto, el magistrado resalta «la falta de control en el cumplimiento intermedio de las metas propuestas» y recuerda que los plazos del plan de reconversión para las fábricas contaminantes están vencidos. Armella subraya en su sentencia además que, hasta febrero de 2012 se han administrado 1211 sanciones «por un monto total de $ 16.873.848 ó $ 10.547.305 si se consideran las multas reducidas», pero que de esa suma, «sólo se han depositado $ 1.787.667».

Este cobro es fundamental ya que el dinero que proviene de sanciones y multas está destinado al Fondo de Compensación Ambiental, «cuya finalidad protectora de los derechos humanos, y preventiva, mitigadora y recomponedora de los daños ambientales, torna exigible su urgente efectivización».

Incumplimiento

A esta falta de avance en el cobro de multas y en el proceso de reconversión de las fábricas contaminantes se suma que los propios municipios no cumplen con sus deberes de informar mensualmente a la Justicia sobre los controles en la zona, según precisa el fallo. Esta crítica también incluye al ministro de Medio Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, cartera que también participa en el proceso de saneamiento.

Es decir que, según la sentencia de Armella, tanto ACUMAR como los municipios bonaerenses como la Ciudad de Buenos Aires no sólo fallan en sus tareas de castigar a las empresas infractoras y vigilarlas, sino ni siquiera informan a la Justicia sobre la situación de la cuenca hídrica, compromiso que habían asumido luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera, a través del fallo «Mendoza», la tarea de saneamiento del Riachuelo.

Por estos motivos el magistrado recuerda a los representantes municipales, porteños y nacionales en su fallo que «dada su condición de funcionario público, la no colaboración para la correcta prosecución de la presente ejecución de la sentencia, sin duda alguna debe ser tomada como una actitud desaprensiva y carente de compromiso». Una actitud por la que quienes intervienen en este proceso podrían incluso ser multados con su propio patrimonio de acuerdo «a la gravedad de los incumplimientos que se verificaran», como el juez se encarga de subrayar al final de su sentencia.

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