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San Juan activa cerco y blinda industria minera

Sergio Uñac
La iniciativa en cuestión obligará a las empresas mineras a que el 75% del monto total anual de sus facturaciones en obras, bienes e insumos los contraten con proveedores locales inscriptos en el RUPEN, según indicaron dos fuentes de primer nivel del Ejecutivo provincial a Ámbito Nacional. El otro punto a destacar que contiene el texto es que el 75% de los trabajadores contratados deberá tener domicilio real en San Juan.
El proyecto además contiene, en otro artículo, que la gestión provincial podrá aumentar hasta en un 50% los impuestos sobre Ingresos Brutos y Sellos a los proveedores mineros que no tengan domicilio legal y fiscal en la provincia, en complemento con los puntos anteriores. Los afectados por esta nueva imposición serán los relacionados con obras, bienes y todo tipo de servicios a este tipo de empresas mineras.
Desde la Cámara Minera de San Juan, su titular, Jaime Bergé, señaló que "las empresas vienen, exportan y se van, y no dejan nada en el mercado local", y destacó que al contar con una ley, se garantizará que lo establecido "se pueda aplicar recurriendo a cualquier ámbito judicial".
Las multas a las empresas que no cumplan con lo establecido irán de 100 mil a un millón de pesos. Para el control, las mineras deberán presentar anualmente una declaración jurada con la nómina de sus proveedores, montos contratados y del total de empleados.
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