Schoklender: escribanos, clave para los fiscales

Norberto Oyarbide

El juez federal Norberto Oyarbide definirá esta semana el ritmo que le impondrá a la investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, durante la gestión como apoderados de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. Los pasos de Oyarbide guardaron en los últimos años una cuota de incertidumbre y en varios casos de sospecha, en vista de los beneficios que le reportó su actuación al oficialismo en algunos casos resonantes.

En función del pedido que le presentó el viernes el fiscal Jorge Di Lello, el magistrado podrá acelerar las pesquisas con un listado acotado de testigos orientado a establecer los mecanismos de armado de sociedades anónimas en torno a los Schoklender. O bien, extender la nómina de modo tal que las elecciones de octubre encuentren a la investigación en sus preliminares, como temen en algunos despachos de Tribunales.

Oyarbide eligió no delegarle al fiscal la instrucción del sumario. En cambio, apelará a Di Lello y a su colega de la unidad especial antilavado Raúl Pleé para ahondar en el entramado de sociedades anónimas y posibles prestanombres que gira en torno a los Schoklender, y a través de los cuales se sospecha fueron realizadas las compras más valiosas, como dos aviones, dos embarcaciones y un número todavía no cerrado de automóviles lujosos.

De seguir las recomendaciones que le hizo Di Lello la semana pasada en su nuevo requerimiento de instrucción, el juez podrá comenzar la ronda de testimoniales con los escribanos que intervinieron en la constitución de empresas como Meldorek, que en un 90% es propiedad de Sergio Schoklender. En este caso sobresale el nombre de Marta Amelia Cascales, la escribana que de acuerdo con la denuncia original presentada por diputados de la Coalición Cívica firmó el 4 de junio de 2003 el acta constitutiva de la compañía y esposa del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

La sociedad fue creada por Noemí Raquel Averza e Inmaculada Concepción Fazio, dos jubiladas que entonces tenían 76 y 63 años, respectivamente, según la Coalición Cívica. En febrero del año pasado, Meldorek había pasado a ser propiedad de Schoklender en un 90% y el resto de Gustavo Adrián Serventich, piloto de los aviones en los que viajaba el exapoderado. La semana pasada, Serventich debutó en el expediente con una presentación a cargo de sus abogados, los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, para desligarse de Schoklender y atribuirle al exhombre de confianza de Hebe de Bonafini las decisiones en la compañía.

Pero Meldorek no es la única empresa que contó con la labor de la escribana Cascales. También intervino en la constitución de firmas como Morisana, Taliber, Esparkli y Zuicker, todas ligadas al entramado de negocios que armaron los Schoklender.

«Es usual que un mismo escribano tenga a su cargo la constitución de gran cantidad de firmas, y también que se utilicen prestanombres para determinados negocios, como creemos que es el caso de las dos jubiladas. Puede hacerse así para ahorrar dinero y trámites, como también para lavar dinero», deslizó uno de los investigadores. De hecho, además de Meldorek, las dos jubiladas tendrían registradas durante el mismo 2003 otras 46 sociedades anónimas: además de las mencionadas Esparkli y Taliber, figuraron en la constitución de Toliver, Olwais y Babelgam, entre otras.

De seguir las propuestas del fiscal, Oyarbide también podrá citar a otros escribanos que figuran en las creaciones societarias del entorno de Schoklender, como Sebastián Reynolds, que certificó en febrero del año pasado el cambio accionario en Meldorek a favor del exapoderado de Madres, y un mes después en la constitución de Gorlac, presidida por Daniel Laurenti y relacionada con José Fernando Caparrós Gómez, supuestamente financista de Schoklender.

En la denuncia de la Coalición Cívica también figura el nombre de Ricardo Oks como escribano en la firma Construyendo el Futuro Sociedad Anónima, como entidad educativa que tomó el control de la escuela Jean Piaget, a la que concurre un hijo del mayor de los Schoklender. También aparece Andrés Federico Mejía como el escribano que estampó su firma en la compra del lote de José C. Paz que pagó y quedó en manos de la firma Antártica, una de las principales por las que se cree podrían haber sido desviados fondos públicos que debía utilizar la Fundación Madres de Plaza de Mayo para sus obras.

Otro escribano mencionado por los diputados de Elisa Carrió es Pablo Sucalesca, en la constitución de la compañía La Mailu Sociedad Anónima, dedicada a la actividad agropecuaria y con la presidencia de Alejandro Abraham Gotkin, a su vez ligado a Meldorek.

Se trata de algunos de los nombres que manejó Di Lello para el inicio del desfile de testigos de Oyarbide. Sin embargo, sólo el juez sabe de qué manera moverá sus fichas a partir de esta semana. Por lo pronto, en su juzgado quedaron acumuladas decenas de cajas con documentación secuestrada entre el martes y miércoles pasados en oficinas relacionadas con Madres de Plaza de Mayo.

Ambos procedimientos, el primero vinculado a Pablo Schoklender y el segundo, al corazón de la estructura manejada por Hebe de Bonafini, arrojaron pocos resultados concretos, de acuerdo con los primeros vistazos que dieron los investigadores. Como informó este diario, en Tribunales crece la sospecha de que ambos operativos fueron digitados: el primero lo recomendó la propia Bonafini al juez, y el segundo lo sugirió como respuesta el menor de los Schoklender.

Los magros resultados enojaron al juez. Durante el fin de semana ninguno de los involucrados en la causa apostaba a una indagatoria inminente de Sergio Schoklender, y menos aún de Bonafini. Sin embargo, la continuidad del secreto de sumario le dará a Oyarbide margen para ensayar medidas no previstas ni pedidas por los fiscales.