Schoklender: piden citarlo por asociación ilícita

Pablo Schoklender, Hebe de Bonafini

Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y Alejandra Bonafini, hija de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, forman parte de un listado de 66 personas que el fiscal federal Jorge Di Lello pidió citar a declaración indagatoria por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos por parte de esa entidad, que debían ir destinados a la construcción de viviendas sociales.

El fiscal los acusó de integrar supuestamente una «asociación ilícita» que habría tenido como actividades principales la defraudación a la administración pública y el lavado del dinero obtenido por esas maniobras.

En un escrito de 187 páginas que le entregó ayer al jueza federal Norberto Oyarbide, Di Lello detalla una larga lista de posibles actividades delictivas que conectan a los Schoklender, ambos exapoderados de la fundación Madres, con empresas afines y en algunos casos de su propiedad, como Meldorek y Antártica Argentina. Se prevé que el magistrado recién adoptará las medidas pedidas por el fiscal luego de la feria judicial, a partir de febrero próximo.

Imputación

Respecto de María Alejandra Bonafini, el funcionario la acusó por su «presunta participación en las conductas delictivas llevadas a cabo por el directorio de la empresa Meldorek, que tendía a despojar de fondos públicos a la fundación Madres de Plaza de Mayo en el marco del programa Sueños Compartidos», de edificación de viviendas.

En concreto, le imputó su participación en una operación inmobiliaria reportada como irregular en La Plata, en 2008, así como movimientos financieros que «no guardan relación con el perfil declarado» por la hija de la dirigente social.

Di Lello, que en las últimas semanas se abocó junto al equipo de la fiscalía a la elaboración de los pedidos, estructuró el requerimiento sobre la base de los dos presuntos delitos. Sostuvo que los hermanos Schoklender «y todos aquellos a quienes se les haya acreditado un vínculo jurídico con la fundación, deben responder por la posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública mediante administración fraudulenta». En tanto que «quienes recibieron, se beneficiaron o hicieron recircular tales activos, y no tienen relación laboral con la fundación» deberán ser imputados por «la posible comisión del delito de lavado de dinero».

«La acción desplegada en los hechos investigados violó el deber de fidelidad que pesaba sobre quienes les fuera confiada la administración del patrimonio de la fundación», compuesto por fondos públicos, señala el escrito. Y añade que sobre la base de las pruebas recolectadas, «se cometieron un sinnúmero de conductas delictivas que han producido un beneficio pecuniario, espurio, a los autores», y que una vez consumadas se mantuvo el accionar con el fin de «otorgar una apariencia de licitud a dichos fondos obtenidos espuriamente».

Entre los señalados por Di Lello figuran empresarios como Alejandro Gotkin, socio de los Schoklender; Fernando Caparrós Gómez y Daniel Laurenti; Viviana Sala, la mujer de Sergio; el piloto Gustavo Serventich; Enrique Rodríguez, exfuncionario del Gobierno porteño y ligado a empresas atribuidas a Pablo; los exapoderados de Madres Hugo Gallardo y Daniel Gillert; las jubiladas Inmaculada Concepción Fazio y Noemí Averza, firmantes de la constitución societaria de Meldorek, y empleados de las compañías hacia las cuales se sospecha que fueron desviados fondos de las Madres.