Se aleja riesgo de cuasi monedas

«Hay que separar la soja del trigo». La metáfora resultó acertada para sellar el encuentro previo al anuncio de Cristina de Kirchner, que el ministro Carlos Cheppi mantuvo con sus pares del interior para anticiparles lo que vendría. Más temprano, había sido el secretario privado de la propia Presidente, Isidro -un colaborador que ya sumó mayor poder que el secretario general, Oscar Parrilli- el encargado de exigir «asistencia obligatoria» a los gobernadores a Olivos. Hubo, como no podía ser de otra manera, falta de pláceme para provincias «díscolas», como Corrientes, Catamarca y San Luis.
La medida se venía analizando en trasnochadas reuniones con equipos técnicos de las provincias, en las que abundaban los números en rojo producto de las urgencias financieras de los distritos. «La situación es desesperante. Algún gesto tiene que hacer el Gobierno. Estamos al filo de tener que volver a emitir cuasi monedas para poder pagar salarios», alertaron desde una provincia del Norte.
Por eso, el Gobierno encontró la mejor excusa para desplegar una doble estrategia: por un lado, alivia con la medida la situación de caja de las provincias y, por el otro, pone en los gobernadores e intendentes la responsabilidad de presionar a los productores para que liquiden las exportaciones de granos a fin de aumentar la recaudación por ese impuesto. Argumentan en Olivos que ahora los gobernadores tienen lo que tanto reclamaron, aunque la chequera siga en manos de Nación.
Hay en esa frase algo de cierto. En pleno conflicto con el campo, fueron varios los mandatarios -incluso aquellos identificados con el kirchnerismo- los que mascullaron diariamente su malestar por la no coparticipación de esos recursos que, en rigor, surgen de la recaudación que hacen las provincias.
Como sea, ya hay quienes advierten que esta medida esconde una trampa. «No es como dijo la Presidente, que el 'impuesto al cheque se coparticipa en un 70% y un 30%' sino que los porcentajes son sustancialmente diferentes: el 85% para Nación y el 15% para las provincias», dijo el senador y titular de la UCR, Gerardo Morales. Otros ven en esta maniobra una reedición del plan social que el Gobierno lanzó en junio de 2008, mediante el cual derivaría unos u$s 1.300 millones al año de las retenciones para construir hospitales, caminos rurales y viviendas.
La suerte de los distritos está sujeta hoy a complejos conflictos gremiales por subas de salarios, baja de recursos coparticipables y problemas de gasto. Por eso es importante que una bocanada de aire fresco ingrese desde Buenos Aires y, aunque no será suficiente para neutralizar el déficit, alejará el riesgo de emitir las temidas cuasi monedas.
«Mientras el Gobierno nacional les asista financieramente, la reaparición de los bonos provinciales está descartada», explicó el ex subsecretario de Relaciones Fiscales con las provincias, Rogelio Frigerio.