Senado aprobó blindaje a las acciones en poder de la ANSES

El recinto del Senado activo quizá por última vez hasta las elecciones. Ernesto Sanz, Miguel Pichetto y Fredy Martínez negocian la declaración para homenajear a Carlos Fayt.

El Senado sancionó ayer y giró a Diputados el proyecto que intenta blindar las acciones de empresas privadas en poder del Estado y que la ANSES tiene en cartera desde la estatización de las AFJP: Allí se establece que para disponer la venta de esas acciones el Poder Ejecutivo de turno deberá lograr la autorización del Congreso mediante una ley aprobada por los dos tercios de sus miembros.

Esa limitación estuvo en el centro de las discusiones desde que Cristina de Kirchner anunció el envío al Congreso. Existen dos discusiones sobre el tema y ninguna fue saldada aún. Buena parte de la doctrina afirma que no puede incluirse dentro de una ley una mayoría calificada para la toma de una decisión ya que ese tipo de cláusulas sólo puede aplicarse a los casos que establece la Constitución nacional. Está claro que el kirchnerismo rechazó esa interpretación.

Existe, además, otro camino hacia la realidad: la ley en su conjunto, como tal, se está aprobado por mayoría simple, como sucedió ayer en el Senado. Por lo tanto, si un futuro Gobierno quisiera eliminar la restricción de los dos tercios para la venta de esas acciones, podría hacerlo derogando por mayoría simple la ley entera.

De todas formas, el Gobierno se garantizó al menos con esto que la decisión de vender las acciones tenga que pasar por el Congreso, tendencia que comenzó a manifestar el kirchnerismo en los últimos meses en los proyectos que envía al Congreso a diferencia de lo que sucedía años anteriores.

El proyecto votado ayer declara de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado que integran su cartera de inversiones del Fondo de Garantías Solidario y de las participaciones accionarias de empresas en las que posee acciones en su poder. Además, regula el nombramiento y el destino de los honorarios de los directores por el Estado que correspondan en cada empresa de acuerdo con la cantidad de directores.

El recinto del Senado lo aprobó por 39 votos a favor y 22 en contra. Allí se explicó que el destino del tema es "promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al Estado Nacional o al FGS para que la realización del interés societario se lleve a cabo resguardando el interés público comprometido en las participaciones societarias".

También se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas que tendrá a su cargo entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.

La ANPEE tendrá a su cargo ejercer los "derechos políticos" inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS.

Se crea también un consejo consultivo asesor del directorio, integrado por un representante de Economía, uno del Ministerio de Industria, un integrante de la ANSES y uno de la CGT.

Los directores durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos por otro período. Sólo podrán ser removidos por mayoría simple si la causa de la remoción es una situación de ilegalidad vinculada con una infracción a la Ley de Ética Pública.

La sesión, tras semanas de inactividad, fue el momento justo para los cruces sobre la elección en Tucumán. Miguel Pichetto tomó la posta para defender la posición oficial: "La instancia será revisada y apelada. Por lo tanto, festejen, pero sepan que el fallo ése no es definitivo". Le salió al cruce la radical tucumana Silvia Elías de Pérez: "La Cámara reconoció que el pueblo se plantó frente al fraude. La Cámara es uno de los pocos organismos probos que hay en la Justicia de mi provincia", dijo la senadora y amenazó con presentar "las recusaciones correspondientes porque se trata de un tribunal adicto al Gobierno de turno".