Senado pule ley de lobby ante la crisis “cuadernos-coimas”

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• PJ EMPUJÓ PROYECTO Y CAMBIEMOS QUIERE ACOMPAÑAR.
• NEGOCIAN MODIFICACIONES.
La Cámara alta también direcciona la lupa sobre el proyecto de ética pública que aún no envió el Ejecutivo. Tensiones sobre viabilidad para incorporar al Poder Judicial a la “gestión de intereses”.

La crisis política que desató el escándalo de los "cuadernos-coimas" movilizó al Senado para avanzar con el debate de la ley de lobby, más conocida como de "gestión de intereses". Mientras Diputados duerme el proyecto enviado por el Ejecutivo, dos comisiones de la Cámara alta negociarán retoques sobre un proyecto que empuja el peronismo y que recibió un visto bueno inicial de Cambiemos. Veamos:

*Con tres textos en danza, el que conforma más a los senadores es uno que presentó el año pasado el bloque que comanda Miguel Pichetto. La iniciativa entiende por "Gestión de Intereses" a "toda actividad desarrollada, con o sin fines de lucro, por personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que tenga por objeto promover, defender o representar intereses en beneficio propio o de terceros, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar las autoridades y funcionarios de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo Nacional".

*El proyecto regula "la elaboración, dictado, aprobación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y/o toda otra decisión que pudieran adoptar los funcionarios de la administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social".

*La ley también pone lupa en "la elaboración, tramitación, aprobación, sanción, modificación, derogación o rechazo de proyectos de ley, acuerdos, declaraciones y/o toda otra decisión que pudieran adoptar el Congreso Nacional y/o sus miembros, y/o los organismos que funcionan en su ámbito". Por otra parte, acepta acciones excluidas de la regulación; e incorpora "un registro público de gestores de intereses", así como también de "audiencias públicas" para diferentes niveles de funcionarios, entre otras cuestiones.

*Durante el plenario realizado ayer por las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta-interbloque Federal) pidió la incorporación de "todos los poderes del Estado". Misma solicitud partió del aliado PJ Mario Pais (Chubut-interbloque Argentina Federal), quien apuntó de manera directa a la Justicia. "No veo motivos de su exclusión. Realizan contrataciones como cualquier otro poder", aseguró, aunque dejó en claro la obviedad de dejar de lado a los actos jurisdiccionales, es decir, los juicios.

*Por el oficialismo, Pedro Braillard Poccard (Corrientes) señaló: "Este tema apunta a tratar una de las cuestiones menos investigadas en la ciencia política, que es el accionar de los grupos de interés, quienes tienen un protagonismo en la vida política argentina por encima de lo que puede apreciar la ciudadanía". Luego, dijo que "si se trata en asesores y se le hacen pequeñas correcciones, avanzaremos sobre un tema de larga data que por diferentes motivos no logró un tratamiento definitivo".

En tanto, Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) manifestó la necesidad de encontrar el equilibrio entre "la generación de transparencia en la gestión de intereses" y la inviabilidad de "convertir a las provincias en una burocracia que aleje al ciudadano común de la posibilidad de gestionar ante los representantes del pueblo" (Diputados) y de los distritos (Senado). En este sentido, se buscaría la diferenciación entre los habitués del lobby -estarán en un registro- y la simple comunicación de audiencias para evitar dificultades.

*Los asesores de ambas comisiones deberán analizar ahora la incorporación de la Justicia en el proyecto, lo cual significará un choque seguro con un poder siempre celoso de sus excesivos beneficios. El Senado se quiere apurar con esta iniciativa e incluso ve con buenos ojos la posibilidad de adelantarse a la ley de ética pública -que aún no envió el Ejecutivo- para tratarla antes en la cámara alta y forzar, en el peor de los casos, a quedarse con la última palabra ante eventuales modificaciones en Diputados. "El mamarracho que pasó con extinción de dominio no lo queremos más. En estos momentos de incertidumbre por la crisis de los "cuadernos" es cuando hay que actuar", deslizaron ayer algunos legisladores a Ámbito Financiero.

*El proyecto del PJ plantea multas de hasta diez millones de pesos que se "actualizarán semestralmente mediante los coeficientes de movilidad aplicables al Sistema Integrado Previsional Argentino"; la suspensión en el registro de gestores de intereses y hasta la "inhabilitación definitiva para ejercer las acciones" de lobby. Para el caso de los funcionarios, "el incumplimiento será considerado falta grave" y quedará pegado al artículo 248 del Código Penal, que establece la "prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial -para cargos- por doble tiempo".

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