La Corte Suprema de Justicia dio ayer una señal -indirecta- de aval al traspaso de la Justicia ordinaria a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna Horacio Rodríguez Larreta. Haciendo valer su rol de superintendencia, y como dueña del Palacio de Tribunales, dispuso mediante una acordada firmada por todos sus integrantes el traslado de todos los juzgados penales que tienen despachos en ese edificio. En el mismo movimiento se deshizo de la Unidad Penal Nº 28, que aloja detenidos en el subsuelo de Talcahuano 550.
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La decisión puso en alerta a jueces y a empleados judiciales por igual. La Comisión Interna del fuero penal denunció que el traslado de oficinas dispuesto por la Acordada 8/17 implica un traspaso "encubierto", ya que la Corte sólo dijo que su destino será "a determinar" y le pasó la pelota al Consejo de la Magistratura para que disponga dónde será la mudanza. El argumento principal de los supremos fue casi urbanístico, dada la cantidad de obras que el Gobierno porteño está encarando en la zona de Tribunales. Así los gremios advirtieron que uno de los problemas para formalizar el traspaso es que no cuentan con edificios aptos para el traslado de los juzgados. "Lo que el Gobierno y la Corte no han logrado aún en el Congreso por la oposición de los judiciales, pretenden encararlo por la vía de este traslado improvisado y de prepo", adujeron. Pero los camaristas también se preocuparon: la Cámara del Crimen será ahora de la que dependa el destino de la Unidad 28 que además centraliza los traslados de los detenidos por casos de flagrancia, cuya intensidad se incrementó notablemente con la implementación de esa reglamentación para delitos comunes.
Falta de espacio y dispersión de los organismos judiciales del mismo fuero (diseminados por los alrededores del Palacio) fueron los principales argumentos que apuntó la Corte. La decisión impacta también en el Ministerio de Justicia con quien había un histórico acuerdo para el alojamiento de detenidos en esas dependencias. "Las circunstancias han variado sustancialmente", justificaron respecto de la firma del convenio que permitía que funcionara como centro de detención, el cual consideraron que podría tener "condiciones inapropiadas" para continuar funcionando allí. La ligó también el Servicio Penitenciario Federal a quien la Corte intimó para que mejore las condiciones de los presos, en una suerte de reto reiterado. Ya las condiciones de la U 28 habían sido cuestionadas por diversos organismos. La Corte ya no toleraba la presencia constante de celulares y ómnibus para el traslado de los detenidos, intensificado desde la puesta en práctica de la ley de flagrancia que obliga a un juzgamiento rápido de delitos menores. El mar de fondo por el traspaso derivó en un conflicto impensado: ahora los judiciales porteños -que estaban de acuerdo con la migración- realizaron asambleas en todas sus sedes porque el Consejo de la Magistratura capitalino les ofreció sólo un aumento del 18% pagadero en abril y un 8%, en septiembre.
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