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"Si les decimos cuál es el plan incumplimos ya con Griesa"
FUNCIONARIOS NO DESPEJARON DUDAS DEL CONGRESO. OPOSITORES PREFIRIERON NO CONFRONTAR ANTE FALTA DE INFORMACIÓN
Arriba: Juliana Di Tullio, Julián Domínguez, Jorge Capitanich, Gerardo Zamora y Miguel Pichetto, al final de la reunión. Abajo: los radicales Ernesto Sanz y Mario Negri; el socialista Rubén Giustiniani y Victoria Donda, de Libres del Sur, cuando ingresaban.
-Sí, lo tenemos, pero hay cosas que no podemos decir.
-¿Por qué?
- Si yo le digo cuál es el plan entramos en incumplimiento con Griesa.
El diálogo fue uno de los que más preocupó ayer a los opositores presentes en la reunión entre Axel Kicillof, Jorge Capitanich y Carlos Zannini y los jefes de todos los bloques del Congreso. Preguntaba el radical Gerardo Morales y respondía Zannini.
El temor se debía precisamente a que no parecía demasiado convencido el secretario de Legal y Técnica de la viabilidad de una negociación que se intentó arrancar ayer mismo con los abogados de los holdouts ante el juez Griesa y más proclive a desarrollar alguna solución "creativa" que en ese momento no estaba dispuesto a revelar. Tampoco explicaron los funcionarios la dimensión de los riesgos de un nuevo canje en estas condiciones para trasladar la jurisdicción de pago a bonistas reestructurados a la Argentina. Si Zannini sabía y debió callar o en realidad el plan B aún no esta definido, no fue una cuestión que haya quedado clara.
El dialogo Zannini-Morales tuvo un final a cargo de Graciela Camaño. Fue ella quien se dio cuenta de que un taquígrafo estaba tomando nota de la reunión y, se sabe, los registros de esos oficiales del Congreso tienen valor legal. Por lo tanto había que evitar que quedara rastro de esa suerte de confesión de Zannini: "Que se teste esto de la versión taquigráfica", pidió la diputada.
Hubo acuerdo: "Sí, sí, tiene razón, que testen...", insitió Zannini.
Otro capítulo fue la posible necesidad a futuro de una intervención del Congreso en alguna medida, por ejemplo si la negociación en el despacho de Griesa no llegara a alguna conclusión. Ese cruce también aportó indicios.
Miguel Pichetto fue uno de los encargados de plantear a los funcionarios si desde el kirchnerismo se podía hacer algo en los recintos.
"Por ahora no se necesita nada", fue la respuesta. La chance de un canje para cambiar la sede de pago a Buenos Aires (opción que ayer Griesa volvió a declarar inadmisible y directamente un desacato a la decisión de la Corte Suprema) necesariamente debería pasar por la ratificación por ley.
No hubo mayores precisiones en el momento, pero quedó en evidencia que se está frente al agotamiento de los tiempos para el pago del Discount el 30 de junio.
De los informes que dieron los funcionarios (esta vez hubo menos de historia de la deuda porque varios de los presentes lo frenaron a Kicillof recordandole que el relato lo habían escuchado tres veces en las últimas 24 horas) no todos se llevaron el mismo mensaje.
El PRO, con Federico Pinedo a la cabeza, prefirió quedarse con la idea de un intento de negociación con los holdouts. De todas formas no fue demasiado clara la idea que se llevaron sobre los caminos a seguir por el Gobierno.
El radicalismo, por el contrario, no mantenía una posición uniforme. Hubo en ese grupo más permeabilidad a debatir acerca de alternativas que permitieran trasladar los pagos a bonistas reestructurados a Buenos Aires, inclusive con la esperanza de lograr una alta aceptación, algo que el macrismo y la Coalición Civica consideraban imposible aun antes que Griesa endureciera ayer más la posición.


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