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Sin respaldo para agentes encubiertos
Fue ésa la postal que le transmitieron diputados y senadores del oficialismo al ministro de Economía local, Rafael Perelmiter, en un encuentro mantenido días atrás, en el marco de la discusión presupuestaria para 2009.
Sin embargo -según fuentes legislativas citadas por El Día-, el funcionario de Daniel Scioli ratificó que el Gobierno pretende avanzar en pos de la obtención de esas herramientas, que representan poderes especiales para Montoya.
La creación de las figuras del «informante» y del «agente encubierto» está prevista en el proyecto de ley de modificación del Código Fiscal de la provincia, que el Gobierno espera tener aprobado junto con el Presupuesto 2009 y la ley impositiva antes de fin de año.
Las nuevas atribuciones figuran bajo el título de «mecanismos e institutos de investigación fiscal». Allí se establece que serán utilizadas en los casos en que, «a partir de la información reunida respecto de una persona física o jurídica determinada, pueda preverse que ésta ha incurrido o incurrirá en evasión total o parcial de las obligaciones fiscales».
En ese marco, se señala que en ocasiones «se hace imposible reunir por los medios habituales las pruebas que permiten demostrar el incumplimiento de las obligaciones».
Los agentes encubiertos -según lo explicado por Montoya- serían inspectores de ARBA que, por ejemplo, realizarán «una compra bajo una orden de servicio secreta para establecer que no le han entregado un comprobante en regla y levantar un acta, sin que él se vea comprometido como funcionario porque cumple órdenes de detectar estas prácticas». El proyecto estipula que si ese agente encubierto se viese obligado en su labor a incurrir en alguna infracción a sus obligaciones y deberes fiscales, no será pasible de sanciones. Además, dispone que Montoya deberá fundamentar la designación del agente encubierto y «bautizarlo» con un nombre de fantasía.
En paralelo a los agentes encubiertos, el proyecto busca crear, además, la figura del «informante», al precisar que ARBA podrá utilizar datos aportados por quienes denuncien hechos que puedan constituir infracciones a las obligaciones y deberes fiscales.
Según el titular de ARBA, por caso, los gerentes de empresas que son despedidos son «una fuente de información muy importante». «Pero muchas veces chocamos con el obstáculo de que el funcionario de la compañía no quiere verse afectado por una acción de responsabilidad solidaria», agregó.


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