Sin subsidios, las empresas pagarán el doble por luz

El precio del kilovatio de electricidad subirá un 144% de $ 0,130 a $ 0,318 si corresponde la tarifa T2 (consumos medianos) a una empresa que dejará de tener subsidio del Estado nacional (bancos, financieras, aseguradoras, mineras, petroleras, casino y compañías de telefonía celular). La cifra surge de comparar el cargo variable de la T2 que se cobra actualmente para la zona de una eléctrica que opera en Capital Federal y parte del Gran Buenos Aires, con el que figura como precio sin subsidio en los cuadros tarifarios de la distribuidora.

La suba o eliminación del subsidio para las empresas de los rubros alcanzados rige en todo el país, porque el precio de la energía lo fija Cammesa, empresa que controla el despacho eléctrico, a nivel nacional. A esto se le suma el margen del transporte en alta tensión y el de la distribución, siendo éste el que varía en cada provincia y es más bajo en Capital y GBA que en el resto del país.

El valor del kilovatio sin subsidio fue fijado entre octubre y noviembre de 2009, luego de la crisis del invierno de ese año que obligó a bonificar a los residenciales en 100% el aumento dispuesto a fines de 2008 para junio y julio, y en 70% en agosto y setiembre. Luego de esa situación, el Gobierno obligó a las distribuidoras a enviar facturas con la leyenda «consumo subsidiado por el Estado nacional», y a publicar en diarios de circulación nacional el precio de la energía con subsidio y sin subsidio para todos los usuarios, incluso los que consumen menos de 300 kilovatios.

De esta forma, un usuario residencial de alto consumo (entre 1.400 y 2.800 kilovatios por bimestre) paga entre noviembre y mayo $ 0,101 por cada unidad que consume. Ese precio se le reduce a la mitad en junio y julio y en 70 por ciento en agosto y setiembre, pero sin subsidio debería ser de $ 0,294.

Aunque no hay declaraciones oficiales sobre el tema, la impresión es que el precio sin subsidio no tuvo cambios desde que se lo publicó por primera vez en octubre de 2009.En apariencia, lo que se haría ahora es poner en vigencia esos valores para algunos segmentos de actividad.

El precio de la energía es subsidiada por el Estado a través de Cammesa, empresa controlada por el Ministerio de Planificación, que le cubre a las generadoras la diferencia entre lo que pagan las distribuidoras por la energía subsidiada para cada tipo de usuario y el precio del producto según los costos operativos de generarlo. El objetivo del Gobierno es achicar esa diferencia con la eliminación gradual de subsidios.

En el caso del gas la situación es un poco más complicada, porque las distribuidoras sostienen que hasta ahora no hay un precio del gas con y sin subsidio.

En el gas, en diciembre de 2008 se instrumentó un cargo a través del decreto 2067 que varía según el nivel de consumo. Por las protestas de los usuarios, se aplicaron excepciones por zonas geográficas y por época del año: el cargo se bonifica en el 100% en junio y julio y en el 70% en agosto y setiembre. Pero eso es sólo para hogares, el resto de los sectores económicos, incluso aquellos para los que se elimina el subsidio a partir de ahora, pagan todo el año lo que se denomina «costo del gas importado» que cada distribuidora debe depositar en un fideicomiso específico creado por el decreto.

La norma de 2008 cubre parcialmente la importación de gas, porque ésta debió duplicarse desde esa fecha y porque los precios subieron. Además de entrada ya no cubría todo el costo de importar. Parte del fideicomiso debe cubrir también las compensaciones a petroleras por la garrafa social y por el gas plus (producto que se extrae con inversión nueva).

Ahora, el cargo del decreto 2067 podría aumentarse a través de un coeficiente o se podría crear un nuevo ítem en las facturas, sobre todo porque hay fallos de la Justicia en segunda instancia en todo el país que consideran «inconstitucional» la norma porque, sostuvieron, crea un impuesto y el Ejecutivo no puede hacerlo.