Sobornos: fiscal anunció que pedirá condenas

La fiscal ante el Tribunal Oral Federal 3 de la Capital, Sabrina Namer, afirmó ayer que en caso de darse por probado el presunto pago de sobornos en el Senado, se trataría de un hecho "sin precedentes". La funcionaria comenzó así con el alegato final en el juicio a exfuncionarios y a exlegisladores por los hechos del año 2000.

En su alegato, que durará toda esta semana, dijo que Fernando de la Rúa habría prometido el dinero a referentes del PJ y dio instrucciones para concretar el presunto cohecho a cambio de la aprobación de la reforma laboral. "Esta fiscalía está convencida de que el hecho existió y por eso va a acusar sin ninguna duda", arrancó Namer su alegato final. Aseguró que existe un "cuadro probatorio que permitirá sostener con creces la acusación" pese a la "demonización" que se hizo a lo largo de un año de juicio de muchos de los principales testigos, como el exsenador Antonio Cafiero o el exvicepresidente Carlos Chacho Álvarez.

"Se encuentra acreditado que el Dr. Fernando de la Rúa prometió a Augusto Alasino y a Alberto Tell la entrega del dinero que repartirían a otros colegas senadores a fin de que aprobaran la ley y ejercieran su influencia para que otros la aprobasen", aseguró Namer sobre los cinco millones de pesos presuntamente salidos de la SIDE.

Según la acusación fiscal, el también procesado extitular de la SIDE Fernando de Santibañes, "siguiendo instrucciones directas" del entonces presidente se habría reunido en el organismo con el exsecretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, para dar directivas "sobre el modo de entrega".

Para la fiscalía, lo "medular" del discurso del arrepentido Pontaquarto fue probado, más allá de sus contradicciones, y el entonces presidente De la Rúa "sabía con qué bueyes" trataba por su pasado como legislador en la Cámara alta.

"En ese marco debió actuar para lograr la sanción de la ley", argumentó Namer, y para ello se hicieron modificaciones "meramente cosméticas" porque "importaba la sanción de una ley de flexibilización laboral que demostrara un triunfo de la Alianza, para no afectar la gobernabilidad".

Además desacreditó los dichos de los exsenadores que declararon como testigos en la causa y dijeron no haber sabido del pago de sobornos. "Podrían haberse autoincriminado" si lo admitían y por eso "varios de esos testimonios no pueden ser considerados objetivos e imparciales".

Para Namer, a lo largo de un año de juicio se escuchó hablar de "confabulaciones, operaciones políticas, sobornos, crisis económica, uso de medios de comunicación para ventilar internas políticas". Y recordó el "pedido de 'que se vayan todos', seguramente impracticable, pero que hablaba de la enemistad de la sociedad con lo político, con la clase gobernante". "Un descrédito que no dejaba afuera a ningún poder, porque la gente estaba harta y lo demostraba de maneras impensables, como el histórico cacerolazo. Por eso la palabra que sintetiza todo este juicio es instituciones, la gravedad en que quedaron las instituciones como consecuencia del hecho", opinó.

"En este juicio se habló de De la Rúa, Pontaquarto" y los demás acusados, "pero sobre todo de la importancia de las instituciones y el daño que sufrieron, porque la sociedad perdió la confianza en ellas", agregó.