• GOBIERNO EN ALERTA: POSIBLE MEGA INVESTIGACIÓN POR EL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS EN CAMBIEMOS A pedido de Casanello, el fiscal decidirá si las irregularidades en las elecciones generales son parte de la misma maniobra a las que se denunciaron en PBA. Cotejan otros 150 casos.
Impulso. El fiscal Carlos Stornelli dio impulso a la investigación inicial que planteó La Alameda por posible lavado de dinero en legislativas 2017.
El fiscal federal Carlos Stornelli deberá establecer si amplía la investigación por falsos aportantes de campaña e incluye también dentro de la causa la elección presidencial que llevó a Mauricio Macri a la presidencia por el sello Cambiemos, en 2015. El juez Sebastián Casanello le solicitó ayer un dictamen para que defina si la maniobra que está bajo sospecha por lavado de dinero y falsificación de afiliaciones partidarias puede ser extendida a los antecedentes por irregularidades que se registran en la anterior elección. El fiscal podrá unificar ambas pesquisas si hay elementos en común o solicitar que se investiguen como hechos distintos por otro juzgado. Si esto ocurre, el Gobierno verá cristalizada una pesadilla judicial con una mega-causa en ciernes por los dos comicios en los que se alzó como ganador.
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En tanto, la titular del GEN Margarita Stolbizer no quiso quedar afuera de la denuncia contra el oficialismo por falsos aportes de dinero y acudió ayer al juzgado de Casanello para presentar una serie de documentos que, como informó Ámbito Financiero, incluyen irregularidades ya registradas en los financistas de la presidencial de 2015. Auto-postulada como "amiga del tribunal" (algo que ya fue aceptado en Comodoro Py), adjuntó un listado de 150 casos diseminados por la provincia de Buenos Aires donde se denuncia el desconocimiento del dinero por el que figuran como donantes para la campaña proselitista. Los datos serán cotejados con el relevamiento que ya está haciendo la Justicia para ser agregados. Más allá del número testigo que tomó Casanello para iniciar las testimoniales, se confeccionará un listado más amplio para dar cuenta del universo total de posibles casos registrados y documentados. Fuentes judiciales indican que la cuestión ya excede por largo las dimensiones iniciales de la denuncia periodística por lo que deberán depurar un único compendio unificado de todas las irregularidades.
Stolbizer accedió al expediente como "amicus curiae" por "tratarse de asuntos que resultan de relevancia institucional y de interés público". Y aunque la investigación ya cuenta con la hipótesis de lavado de dinero por impulso de Stornelli, para Stolbizer, la cuestión del financiamiento de los partidos políticos es de suma importancia, por lo que pidió que se amplíe el objeto de la investigación "a los fines de la dilucidación de las responsabilidades penales en las que se hubiera incurrido". Sobre este punto es sobre el que se va a expedir Stornelli para incluir los comicios en los que Macri se alzó con la presidencia. Lo que más preocupa al oficialismo es que se haya direccionado la pesquisa hacia el posible blanqueo, cuestión que buscarán obturar. Hasta ahora, Stornelli orientó la investigación al tesorero y a los responsables económicos financieros de la campaña de Cambiemos. En la denuncia se nombra a Carla Silvia Chabán y a Alfredo Irigoin. Todavía no se hizo extensiva ni a los candidatos ni a la contadora María Fernanda Inza, desplazada por María Eugenia Vidal y con la asesoría legal de Alejandro Pérez Chada, abogado personal de Macri y encargado de cuestiones sensibles en tribunales para la Casa Rosada. Un dato que ahora aparece relevante es que la tía abuela de Inza, una jubilada llamada Armanda Inza es quien aparecía inscripta como responsable económica de la campaña presidencial de Cambiemos 2015 ante la Cámara Nacional Electoral. Stornelli tiene tres caminos: ampliar la investigación e incluir en una sola causa la presidencial y legislativas del Gobierno, ordenar extraer testimonios para que se trate en un expediente separado, o considerar que no existe delito a investigar. Este último escenario parece como el menos probable.
Del listado de Stolbizer surgen distintos ejemplos: en Olavarría, el concejal Alejandro Gregorini reconoció públicamente que sólo aportó $2400, pero figura en la declaración jurada de los apoderados de Cambiemos con un aporte de $38 mil; lo mismo que en Monte Hermoso, donde el concejal oficialista Julio Coñoen negó haber aportado otros $38 mil.
Pero como detalló este diario, los antecedentes de 2015 donde se habían detectado aportes irregulares alcanzaban a empresas proveedoras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuestión violatoria de la ley de financiamiento de partidos políticos. Stolbizer le apuntó a la empresa de seguridad Murata S.A. que habría utilizado "el nombre de sus empleados para aparecer realizando aportes de campaña aunque era la manera de blanquear aportes que se realizaban por la empresa". La titular del Gen y con intenciones de reeditar el acercamiento con Sergio Massa insistió que existió una "modalidad del PRO" , de recibir aportes privados que provienen de empleados de empresas contratistas del gobierno porteño y gobiernos provinciales. Según consignó, siete representantes de Murata pusieron $295 mil, mientras que los empresarios mendocinos Adrián Dalla Torre, Jorge Reale y Robero Fernando Reale aportaron $285 mil cuando son socios en Reale-Dalla Torre Consultores, empresa que creó "la imagen y la marca de la Policía Metropolitana". Otros representantes de empresas vinculadas con Reale-Dalla Torre como RDT Media y La Usina Digital también declararon haber donado a la campaña, se indicó. Uno de los puntos sobre los que el oficialismo había tenido dificultades para lograr que se aprobaran sus balances de campaña 2015 eran los aportes privados bajo el difuso rubro "gastos de desenvolvimiento institucional", algo que para la Justicia electoral siempre constituye un atajo para derivar aportes de empresas, prohibidos de manera directa.
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