Subte suspendido, de mano en mano

La causa que provocó la suspensión de las obras de extensión de la línea H en Plaza Francia tiene a partir de ayer un nuevo juez: el titular del juzgado Nº 10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Hugo Zuleta, deberá decidir si confirma la medida precautelar dictada por su par, Guillermo Scheibler, la semana pasada o si permite que el Gobierno porteño avance con estos trabajos.

El caso se inició a partir de una acción de amparo iniciada por la ONG «Basta de demoler» en la que se solicitó una medida cautelar para que se interrumpiera de manera provisoria toda la actividad de remoción del arbolado en terrenos protegidos. Este planteo fue aceptado por el juez Scheibler, quien dictó una medida precautelar del arbolado en los terrenos conocidos como Plaza Francia «hasta tanto el/la juez/a que en definitiva resulte designado para intervenir en la presente causa se pronuncie sobre la medida cautelar peticionada».

Esta decisión recayó, por sorteo, ayer en manos de Zuleta, juez titular porteño que concursa actualmente para integrar la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. El magistrado se ubicó tercero en la terna de esa convocatoria, luego del examen escrito, y el temor entre algunos de los sectores de la oposición porteña es que este hecho pudiese condicionar de alguna manera su resolución. Una situación similar ya se había presentado en el caso del juez porteño Fernando Juan Lima, también postulante de un concurso en trámite, quien dio la razón al Gobierno de la Ciudad en la causa por la suba de precio del boleto de subte, y quedó así en el foco de las críticas de la oposición.

Convocatorias

El dato de los concursos porteños no es menor: actualmente, tramitan en el Consejo de la Magistratura porteño varias convocatorias (de jueces, defensores y fiscales), importantes tanto por los cargos que buscan ocupar, como por la cantidad de vacantes existentes. Dos de los más avanzados son los que buscan a los titulares para un cargo de juez en la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, y tres puestos de fiscales ante el mismo tribunal. Y hasta que estas convocatorias no se definan van a seguir existiendo denuncias cruzadas de presiones y sospechas sobre la imparcialidad de quienes tienen que definir causas de alto voltaje político.

Por su parte, la ONG denunciante pidió el martes pasado a la Justicia que ampliara la medida cautelar para proteger, no sólo el arbolado de la plaza Intendente Alvear (Recoleta), sino también los caminos, barrancas y su entorno de paisaje cultural, frente a la extensión de la línea H de subte que se ejecuta en ese espacio verde.

En la presentación también se pide al juez que solicite al Gobierno porteño «los planos definitivos con sus plantas, cortes, vistas y perspectivas para poder apreciar la situación de la Plaza Alvear una vez que estén finalizadas las obras», así como los certificados de aprobación de dichos planos por los organismos competentes de protección patrimonial de la Ciudad. En este punto, Basta de demoler aclaró que está a favor de la ampliación de la red de subtes pero que la ubicación de los trabajos «destruyen la histórica plaza Intendente Alvear, diseñada por Carlos Thays y que está protegida por la ley», razón por la que reclaman al Gobierno porteño que modifique su plan de obras, lo que sin duda implicaría pérdidas millonarias.