Subtes: gremios a lamentarse ante los legisladores

Ante la confusa situación sobre el destino de los subtes porteños, que a partir de enero no contarán con subsidio para mantener la tarifa de los viajes, los gremios del sector suplicaron por carta a los diputados porteños. Buscan así una suerte de asamblea en la Legislatura para que escuchen sus lamentos, ya que no habría solución desde ese estrado como para que se concrete la transferencia del servicio a la órbita de Mauricio Macri.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, más conocida como «metrodelegados», consideró que «el 31 de diciembre marca el fin del subsidio que aporta mensualmente el Estado nacional de $ 30 millones y no se encuentran previstas partidas financieras en el Presupuesto 2013 de la Ciudad para compensar dicho importe». Así pidieron a cada uno de los bloques legislativos ser atendidos «en forma urgente» para exponer «nuestra preocupación y presentar propuestas».

La polémica por la transferencia inconclusa del control de la concesión de los subterráneos a la órbita de Macri provocó en la Legislatura porteña un enfrentamiento entre el oficialismo (que es PRO) y el kirchnerismo que a su vez desencadenó una suerte de parálisis de la actividad y más allá de las diferentes posiciones, poco pueden hacer los diputados en el recinto para que se llegara a un acuerdo sobre la administración del transporte.

Los sindicalistas amenazan con la posibilidad de otro paro, que afectaría nuevamente a cerca de un millón de usuarios, haciendo colapsar -como ya ocurrió en agosto pasado- a todo el servicio de transporte público y el tránsito ya complicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, los metrodelegados informaron ayer que la Organización Internacional del Trabajo aceptó una denuncia que hizo ese grupo contra el Gobierno porteño, por medidas adoptadas durante la huelga que privó del servicio de subterráneos durante diez días.

Los activistas se quejaron ante el organismo por la supuesta «pretensión de limitar el derecho a huelga, al dictar la conciliación obligatoria, siendo incompetente la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, que fue juez y parte». En ese momento, el Gobierno porteño solicitó que se les negara a los metrodelegados la personería jurídica que mantienen en trámite y que los confronta con el otro sector gremial, la UTA.

También dicen que presuntamente hubo intención de «liquidar económicamente al sindicato, aplicándole una multa que no puede ser pagada con todo su patrimonio y varios años de recaudación», en relación con la penalidad por desoír la conciliación que en ese momento se había dictado con intermediación de la Justicia.