Subtes: ante necesidad K, PRO aumenta exigencias

Mauricio Macri

La puja por el traspaso del control de los subtes a la Ciudad de Buenos Aires remedó ayer la pelea por la transferencia de la Policía, si no fuera por cómo terminará la nueva historia. Excepto Mauricio Macri, sus antecesores intercambiaban exigencias para recibir, u otorgar, el pase de comisarías, hasta que el jefe actual decidió armar la suya propia, con la concesión de la Nación de cambiar una ley para que lo hiciera y sanseacabó. Los subterráneos de Buenos Aires también son ahora una papa caliente. Lejos de aceptar ayer la propuesta K, el PRO redobló exigencias y agitó los ánimos de los funcionarios nacionales.

Ayer, los delegados macristas ante Nación llevaron su contra carta-acuerdo. A la propuesta de compartir por un año el subsidio -$ 706 millones anuales- que recibe la empresa concesionaria del transporte para mantener el precio del pasaje a $ 1,10, Macri pidió extenderlo por partes iguales hasta 2017, cuando vencen los contratos. Alivió, diciendo en el documento que habría un subsidio a la demanda y no a la oferta, que beneficie a los más necesitados. A la aceptación de Nación de terminar las obras que encaró en los subtes (como la prolongación de la línea E de Plaza de Mayo a Retiro), el PRO le advirtió, tal como anticipó este diario, que hacen falta u$s 1.000 millones de inversión, que quiere compartir. Pidió avales para un crédito internacional por u$s 80 millones y entre varias cuestiones, revisar los contratos. Hay un punto necesario, que, también como anticipó este diario, tiene relación con la concesión de la línea B, que corre bajo la avenida Corrientes, que está unida a la explotación del Ferrocarril Urquiza que parte desde el barrio porteño de Chacarita hacia la provincia de Buenos Aires y que no integra el paquete a transferir.

Es decir, la delegación macrista, que encabezaron María Eugenia Vidal; el titular de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, y el ministro Néstor Grindetti, fue a recibir el «no» y ofuscaron al titular de Transporte K, Juan Pablo Schiavi. «Si es necesario vamos a ir a la Justicia», replicó el secretario, que consideró «un paso atrás» en las negociaciones los pedidos del PRO.

La vice porteña electa, Vidal, calmó, diciendo que harán todo lo posible por la vía del diálogo para evitar esa instancia.

Por cierto, el Gobierno nacional hasta podría «de facto» pasarle la pesada carga sin tanto preludio, debido a decretos y leyes incumplidos. Pero también Macri tendría argumentos para ir a los Tribunales ante un arrebato de esa naturaleza. El Gobierno PRO sabe que la transferencia tiene el solo efecto de un ahorro en subsidios para el Gobierno nacional, y que, junto con el traspaso puede haber sorpresas. La primera que teme es lidiar con los gremios del sector liderados por el izquierdismo, que declamarán aumentos de sueldo en el verano.

Para Piccardo, «vale la pena hacerse cargo de los subtes, porque evidentemente este doble comando no fue bueno para la gente, pero hay que trabajar fuerte en la inversión y no por hacer las cosas rápido hacerlas improvisadamente», por lo que les resulta imposible tomar el mando el 1 de diciembre como ofrece el Gobierno nacional.

«Para nosotros, el 1 de diciembre es un plazo ajustado y ya lo hemos manifestado públicamente porque es un servicio que hoy asiste a más de 1 millón de usuarios por día», argumentó Vidal.

«Hace unos cuantos años que el jefe de Gobierno está planteando que la Nación no cumple en cosas de la autonomía», se quejó Schiavi y aseguró que «la iniciativa de transferir los subterráneos a la Ciudad marca la voluntad de la presidenta de la Nación de cumplir con la autonomía».

El secretario de Transporte entonces consideró sobre la propuesta: «Me parece que es un paso atrás. La Ciudad pidió, entre otros puntos, que me pareció sorprendente, que la Nación sea solidaria al 50% con los subsidios hasta el año 2017» y que «por otro lado nos piden un financiamiento de aval que paguemos el 50%». «Si nosotros le damos 1.000 millones de dólares a la Ciudad no podríamos terminar las cloacas de Formosa, las de la provincia de Buenos Aires, el agua potable de Santiago del Estero», reclamó Schiavi.