Subtes: se levantó el paro tras acuerdo de gremio con empresa

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«El paro está levantado», anunció anoche el abogado de los sindicalistas conocidos como «metrodelegados», aunque advirtió que la «suspensión» de la medida de fuerza tiene por objetivo seguir conversando sobre sus reclamos.

El acuerdo consistió en más días de licencia, una suma no remunerativa con los sueldos de agosto de entre $ 2.100 y $ 3.200 y recategorizaciones. Pero, la concesionaria Metrovías dejó en suspenso los aumentos en función de contar con los fondos que reclama que Mauricio Macri le destrabe, aceptando tomar a cargo el control del transporte. Por eso los sindicalistas consideraron que quedaba pendiente la negociación, y acusaron a la empresa y a Mauricio Macri de «no comprender los derechos de los trabajadores».

Los «metrodelegados» comenzaron a buscar una salida el domingo a la paralización del servicio de subterráneos iniciada el 3 de agosto por la noche, una vez que quedaron enredados en la pelea política por la transferencia del transporte a Mauricio Macri y les recrudeció el enfrentamiento con los otros representantes del sector, la UTA, el único gremio que cuenta con personería y que nunca se plegó al paro.

Primero acordaron de palabra con la empresa y la UTA, que conduce Roberto Fernández, quien anticipó que su sindicato «acompañaría» para que se restablezca el servicio, ya que de otro modo no sería válido un acuerdo con «metrodelegados» que no cuentan con personería.

Una vez que el Gobierno porteño tomó conocimiento de esa situación terminó convocando a las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo donde se firmaron dos actas: una la UTA, otra «metrodelegados», pero el documento se trabó ante la negativa del Gobierno porteño de «refrendar» el acta (ver nota aparte).

Anoche los «metrodelegados» que prometieron una conferencia de prensa, salían apurados y nerviosos de la sede del Gobierno porteño donde se realizaron las reuniones.

El titular de la agrupación de «metrodelegados», Roberto Pianelli, aclaró que «por suerte pudimos llegar a un acuerdo que es transitorio».

Después de no encontrar respuesta hasta la medianoche del domingo, como habían emplazado los activistas, la protesta comenzaba a desmoronarse con la posibilidad del peor final para la agrupación de los «metrodelegados» que busca contar, a fin de año, con su propia personería gremial: si levantaban el paro sin lograr ninguno de los reclamos significaba la extinción.

Fue otra jornada de caos ayer en el tránsito, de malhumor creciente entre los usuarios y de fuertes cruces mediáticos entre los sindicalistas, Mauricio Macri y el Gobierno nacional.

Finalmente al caer la tarde los activistas ya anticipaban el levantamiento de la medida, pero nuevamente encerrados en el círculo polémico. Es que la UTA ya firmó el viernes pasado un acta con Metrovías homologada por el Gobierno porteño mediante la cual aceptaban un 23% de aumento pero siempre y cuando la empresa dispusiera de fondos. Ahora ese gremio debía firmar el acuerdo que proponían los «metrodelegados» con los cuales está más que enfrentado, precisamente por la puja en torno a la representación sindical. A la vez, Metrovías debía aceptar varios puntos que ya venía rechazando con la ampliación de días de licencia o computar las vacaciones de acuerdo con los días hábiles y no corridos como se hace habitualmente en los convenios de trabajo.

Las reuniones con referentes de los «metrodelegados», la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la empresa concesionaria Metrovías y el Gobierno de la Ciudad se realizó en la sede de la Subsecretaría de Trabajo porteña conducida por su titular, Ezequiel Sabor. Participan del encuentro el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte (Metrodelegados), Roberto Pianelli, su adjunto, Néstor Segovia y el abogado del gremio, Luis Ramírez, mientras que también asistió el titular de la UTA, Roberto Fernández, y por parte de la concesionaria Metrovías Daniel Pagliero, gerente de Recursos Humanos de la empresa.

A todo eso, tal como anticipó ayer este diario, un fiscal porteño en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Federico Villalba Díaz, había solicitado antes a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que disponga la utilización de la fuerza pública para desalojar a los activistas de los andenes y restablecer el servicio del subterráneo.

«Le pedí a la jueza de manera urgente que habilite los medios para que restablezca el servicio y de ser necesario que utilice la fuerza pública», explicó Villalba Díaz. La solicitud la tenía Patricia López Vergara,

la magistrada que intervino la semana pasada a partir de un amparo presentado por la legisladora María José Lubertino. La jueza obligó, con una medida cautelar, al Gobierno de Macri a actuar y buscar un acuerdo, por eso se firmó el acta con la UTA y luego se dictó la conciliación ogligatoria que los «metrodelegados» no acataron.

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