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También en provincias estalló polémica por juego
Juan Schiaretti
En la delicada postal se entremezclan la mirada crítica en torno a los peligros que entraña la ludopatía con las necesidades recaudatorias de los Ejecutivos locales y las aspiraciones de negocios de los empresarios.
En tierra cordobesa, por caso, el gobernador Juan Schiaretti envió esta semana a la Legislatura un proyecto de ley para autorizar la incorporación de hasta 2.400 nuevas máquinas tragamonedas en casinos ya habilitados, para potenciar la recaudación. La medida generó la reacción de la Iglesia: el miércoles, la Pastoral Social local emitió un duro documento en el que cuestionó la iniciativa. «Cuando el juego de azar supera el límite de un entretenimiento familiar y amical se convierte en un mal para la sociedad», advirtió.
No obstante, Schiaretti defendió la iniciativa. «Hay un pedido de 15 intendentes -sobre todo de ciudades turísticas- que ven las posibilidades de aumentar ese número en la temporada», dijo.
Desde Santa Fe, en tanto, el arzobispo de Rosario, José Luis Mollaghan, mostró su rechazo a «la apertura del casino en la zona sur» de la ciudad. «Así como el casino puede significar a nivel urbanización y edilicio algo bueno para la zona, hay preocupación en la Iglesia por el impacto social que puede tener», advirtió.
En Mendoza, por su parte, el gobernador Celso Jaque vetó semanas atrás una ley que prohibía la instalación de nuevas salas de juego por -se alegó- falencias «legales». Sin embargo, luego envió un proyecto nuevo, que también impide -aunque con nuevas salvedades- la apertura de nuevas salas y que contempla crear una comisión de legisladores y funcionarios para regular la ludopatía.
En el caso de Chubut, en tanto, el gobernador Mario Das Neves decidió este año aplicar «retenciones a la timba», de la mano de la elevación de la alícuota que se le cobra al juego. «Es una actividad de una rentabilidad muy alta, que si bien tiene una inversión inicial, es poco lo que invierte luego y es mucho lo que se lleva», disparó, respecto de una medida que perjudicó al empresario K del juego, Cristóbal López, poseedor de varias salas en la provincia.
Sin embargo, las postales de mayor tensión política se vivieron en las últimas horas en Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires.
En territorio bonaerense, la Conferencia Episcopal Argentina reclamó que se frenen los intentos de sancionar una ley para ampliar el negocio de los juegos de azar en la provincia.
En paralelo, presionado, ayer el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció que su administración no avanzará finalmente en la ampliación del juego en la Ciudad, ante los cuestionamientos.

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