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Tironeo en Mendoza traba emisión de bonos por $ 1.270 M
Francisco Pérez, Marcelo Costa y Alfredo Cornejo
El oficialismo mendocino buscó sin éxito sancionar su denominada Ley de Leyes para todo 2014, al no contar con los votos de la oposición para endeudarse. De esa manera, se vio imposibilitado de obtener los dos tercios de adhesiones para activar su nuevo Presupuesto. Tras varios intentos, decidió agregar un articulado a la Ley de Contabilidad, proyecto que necesitó de mayoría simple en ambas cámaras.
La iniciativa en cuestión, llevada por el radicalismo a la Justicia, permite definir los gastos del Estado y la posibilidad de fijar endeudamiento según el Presupuesto del año anterior.
Así, el Gobierno justicialista sondeó en los últimos 20 días, en el Reino Unido y en Estados Unidos, la posibilidad de definir colocaciones de bonos en dólares -dos o tres- por un equivalente de $ 1.270 millones, tarea llevada a cabo por el ministro de Hacienda, Marcelo Costa.
El miércoles pasado, la Suprema Corte de Mendoza convocó a las partes para evitar una decisión de la Justicia. Ese día se reunieron, en el Ministerio de Gobierno, el vicegobernador Carlos Ciurca; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús; y el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, por el oficialismo, mientras que el radicalismo estuvo representado por su titular, Sergio Pinto, acompañado por legisladores.
Durante el cónclave, tanto Gobierno como UCR ratificaron posturas y si bien no hubo definiciones, quedaron en juntarse nuevamente mañana, desde las 18.30, con números y opciones antes de volver a encontrarse en la Suprema Corte el próximo jueves. Mientras tanto, no se hará uso de la Ley de Contabilidad.
"Nosotros no les vamos a llevar las cuentas de cómo se hace lo que le estamos reclamando, no les vamos a decir cómo gobernar, ellos tienen esa responsabilidad. Si no se llega a ningún acuerdo, iremos a la Corte para que resuelva, estamos convencidos de que va a declarar inconstitucional la reforma de la Ley de Contabilidad", disparó Pinto tras la reunión.
En tanto, Ciurca señaló: "Más allá de no querer incidir, creo que la Corte entiende la situación de la provincia. Coincidimos en algunos puntos de recuperar el espacio de debate y planteamos los objetivos de la provincia, que es no desfinanciarla y no poner en riesgo los sueldos de los empleados".
Desde el radicalismo, no obstante, aparecieron líneas críticas a la postura del partido. "Hay un sector que no quiere seguir el camino que propone el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, de trabar todos los debates en Mendoza. Si bien desde el Gobierno también son inflexibles, algunos dirigentes soltaron un cabo para empezar a hacer política y ahora estamos quedando como los que imposibilitamos gobernar. Está bien el reclamo, pero llega un punto en que se hace insostenible querer tirar abajo cualquier propuesta", aseguró un importante dirigente de la UCR local -y nacional- a Ámbito Nacional.
Según dijo el dirigente opositor a este diario, la provincia cuenta con solvencia económica para hacer frente a los sueldos de los empleados públicos, aunque la situación podría complicarse, en caso de persistir esta disputa, a partir de octubre o noviembre.


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