Tras buitres, ahora el turno de ex Botnia

Héctor Timerman

Tras su reciente y fallido desembarco en La Haya para llevar su disputa contra los holdouts, el Gobierno de Cristina de Kirchner acelera el tramo final de la recolección de pruebas para volver a ese tribunal internacional, en este caso contra el funcionamiento de la pastera de UPM (ex Botnia) en la localidad uruguaya de Fray Bentos.

El escenario fue confirmado por el senador nacional Pedro Guastavino (Entre Ríos, Frente para la Victoria). "La delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y Cancillería -que lidera Héctor Timerman- están trabajando en una tarea casi terminada de acumulación de pruebas que respalden la denuncia argentina y que le den sustento", afirmó.

En esa línea, el senador remarcó que "nuevamente Uruguay ha violado el Tratado del Río Uruguay, que sigue actuando de mala fe, y que además ha violado los acuerdos de Anchorena de ambos presidentes y el fallo de La Haya, al haber autorizado en forma unilateral el aumento de la producción a la planta".

Este año, el presidente oriental José Mujica avaló un nuevo aumento en la producción de la planta -como en octubre de 2013-, lo que profundizó las tensiones bilaterales frente a las denuncias argentinas -con epicentro en Gualeguaychú- sobre los efectos contaminantes de la compañía.

En este contexto, Guastavino sostuvo además que en cerca de dos semanas "es muy posible que la Comisión de Relaciones Exteriores" de la Cámara alta "convoque a los miembros argentinos de la CARU y a la consejera legal de la Cancillería argentina, Susana Ruiz Cerruti, para que informen a los senadores de los argumentos y fundamentos por los cuales se decide volver a La Haya".

Ese análisis se dará en el marco del proyecto de resolución presentado por el propio Guastavino, en pos de que el Congreso Nacional respalde -en claro blindaje político- la nueva presentación del Gobierno argentino ante La Haya contra la pastera.

Esa instantánea ya se dio en el plano local, de la mano de la aprobación a fines de junio en la Legislatura entrerriana de un proyecto por el cual se pidió al Gobierno argentino que vuelva a llevar los reclamos del país contra UPM ante esa instancia internacional.

Los jueces de La Haya ya fallaron en la causa de la ex Botnia en abril de 2010, tras una presentación disparada por el Gobierno argentino.

En esa sentencia consideraron que si bien Uruguay incumplió disposiciones internacionales a la hora de autorizar la instalación de la planta, no había motivos para ordenar el desmantelamiento de la pastera. Además determinó un monitoreo ambiental bilateral, que en los hechos no permitió arribar hasta el momento a una resolución del conflicto con el vecino país.

El pasado jueves, el Gobierno de la Argentina demandó a los Estados Unidos ante esa Corte por considerar que la sentencia del juez de Nueva York Thomas Griesa, que trabó los pagos argentinos en su puja con los holdouts, fue una "violación de sus inmunidades soberanas".

Sin embargo, horas después, su par de Estados Unidos desconoció a ese tribunal como el ámbito apropiado para dirimir la batalla entre el Gobierno de Cristina de Kirchner y los fondos buitre.