El responsable de política pública de Twitter Latinoamérica, Hugo Rodríguez Nicolat; y el director de políticas públicas para Latinoamérica de Facebook, Juan de Dios Bátiz García, expusieron ayer en el Senado sus reparos a diversos proyectos de ley que apuntan a penalizar el uso de identidades apócrifas en las redes sociales.
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Los directivos de Twitter y Facebook disertaron en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que comandan los senadores justicialistas Pedro Guastavino (Entre Ríos) y Alfredo Luenzo (Chubut), respectivamente.
"El uso de un nombre específico no puede justificar por sí solo un delito punible, porque la parodia y la sátira son componentes esenciales del debate democrático", señaló Nicolat, quien además agregó: "Nuestra política de suplantación considera que la intención de la cuenta es relevante, al reforzar que para violar las reglas no es suficiente tener el mismo nombre sino representar a otra persona de manera engañosa".
Por su parte, Bátiz García manifestó que "Facebook no se opone a la regulación" pero considera que "debe ser sensible, práctica y que no inhiba la innovación". Luego, dejó en claro que "no está permitido el uso de perfiles falsos, de suplantación de identidad y las cuentas falsas", y que "la manera más sencilla de reportar" cualquier uso indebido de la red "es en la misma plataforma".
Hay cuatro iniciativas en danza en el Senado. Tres están relacionadas de manera específica con la suplantación de identidad y fueron presentadas por la filosa radical Silvia Elías de Pérez (Tucumán), el justicialista Daniel Lovera (La Pampa) y una tercera del jefe del peronismo en la cámara alta, Miguel Pichetto (Río Negro).
El último proyecto fue firmado por Guastavino y Luenzo e impone no sólo la "prisión de un mes a un año o multa de $20.000 a $ 200.000 al que usurpare la identidad de una persona a través de internet, redes sociales, o cualquier otro medio virtual", sino que destaca: "Cuando la víctima fuere una persona de conocimiento público, la pena será de seis meses a dos años de prisión o multa de $ 40.000 mil a $400.000".
Para los tres legisladores del peronismo senatorial, el robo de identidad digital "constituye muchas veces el primer paso para la realización de otras conductas más graves, que redundan en la concreción de otros delitos más lesivos".
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