UCR sumó pedido de juicio político contra el Presidente

Los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) desactivaron el “stand by” del pedido de juicio político contra Alberto Fernández y presentaron dicha solicitud en las últimas horas en la Cámara baja. El detonante, tal como deslizaron desde el centenario partido, fue la corroboración de la estrategia del Gobierno nacional para devolver a la Ciudad fondos retenidos -primero, el Presidente dijo que no iba a pagar-, tras el aval de la Corte Suprema de Justicia a la medida cautelar presentada por los porteños para recuperar un 2,95% de la coparticipación.

El texto, impulsado por el bloque que comanda Mario Negri, estipula en su único artículo que se solicita “promover juicio político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.

Desde la bancada dejaron claro que “la falta de acatamiento a lo ordenado por la sentencia de la Corte Suprema persiste pese al dictado de la Decisión Administrativa N° 1.282/2022 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ya que de la misma se desprende que pretende girarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación federal de impuestos que, como medida cautelar, ordenó el máximo tribunal con títulos de la deuda pública (Bonos del Tesoro TX31), lo cual implica un apartamiento manifiesto de lo resuelto toda vez que el decisorio no versa sobre el reconocimiento de deuda devengada -el punto será materia de resolución cuando se emita pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión-, sino de una medida cautelar que dispuso que, durante la tramitación del proceso, debe reintegrarse una porción del índice de coparticipación detraído por las normas impugnadas, en forma diaria y por la misma vía que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben las remesas correspondientes al régimen de coparticipación federal de impuestos”.

“En rigor, la Decisión Administrativa N° 1.282/2022 constituye un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo de la Corte convenida previamente entre el Presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales”, detallaron los radicales.

Por último, los legisladores manifestaron la necesidad de “delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y, además, en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas”.

De esta manera, la UCR se suma al lote iniciado por el PRO y el liberal José Luis Espert, entre otros. En tanto, el espacio de Republicanos Unidos, en nombre del legislador porteño Roberto García Moritán y de Yamil Santoro, ampliaron la denuncia penal inicial contra Alberto Fernández por sedición ya que, con el pago de bonos en cuestión, se “pretende eludir el cumplimiento ritual de la sentencia de conformidad con lo dispuesto” por la Corte Suprema. En esa línea, explicaron que “la legislación y la orden judicial refieren a ‘transferencias’ de fondos, y no a depósitos de bonos”, lo que hace “el incumplimiento del Poder Ejecutivo manifiesto”.

Más allá de las presentaciones, ningún pedido avanzará, ya que la oposición no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios en Diputados y el Senado.