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UIA: 70.000 pleitos por u$s 2.800 M
Esto generó miles de juicios que -según fuentes de la Unión Industrial Argentina- superarían ya 70.000 pleitos por un monto total de u$s 2.800 millones.
Desde hace seis años, cuando se dieron los fallos de la Corte, los empresarios vienen reclamando la necesidad de una nueva ley que regule la actividad de las ART, a lo que el Gobierno siempre se negó pese a que cada ministro de Economía, desde Felisa Miceli a Amado Boudou, prometieron la norma.
Hace justo un año, el ministro de Trabajo Carlos Tomada impulsó un decreto que firmó la Presidente, aumentando los montos de las indemnizaciones. El argumento para ese decreto -esgrimido por el funcionario- fue que con la suba de los montos indemnizatorios se acababan los juicios. Exactamente un año después, la cantidad de pleitos iniciados por mes se mantiene constante y hasta en leve suba.
Según Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial y experto laboralista, «el hecho de que la Presidente se haya ocupado de un tema tan grave como la industria del juicio es un dato muy alentador». El abogado y vicepresidente de la OIT agregó que «el tema es central, sobre todo porque estos juicios ponen en riesgo la supervivencia de la pymes, muchas de las cuales tendrían que cerrar sus puertas si no tienen el respaldo de una aseguradora de riesgo». De hecho, muchas de estas empresas se han convertido en «inasegurables», según las propias palabras de la mandataria.
Desde hace más de un lustro los empresarios vienen rogando casi que alguien ponga un límite a la industria del juicio, con los argumentos que esgrimen Funes de Rioja y otros, como que de los montos indemnizatorios que regula la Justicia -en el mejor de los casos- el trabajador damnificado por el accidente sufrido se queda con el 30% al 40%. El resto se lo llevan los abogados de las dos partes.
Lejos de solucionarse la cuestión, la denominada «Ley Moyano», que pretende instaurar un régimen de distribución de utilidades y la cogestión patronal-sindical, agregaría un nuevo rubro a esta floreciente industria sin chimeneas. En efecto, de aprobarse la norma que impulsa el abogado de la CGT Héctor Recalde podría arrancar la «industria del juicio comercial»: los delegados gremiales en el directorio de las empresas podrían impugnar en sede judicial los balances de sus empleadores, lo que podría convertirse en un nuevo embrollo judicial de consecuencias fácilmente imaginables.
En la futura ley de accidentes de trabajo que impulsa en el vacío el Grupo de los Siete (formado por la UIA, los bancos, la Bolsa, el campo, los constructores y el comercio) se pide que también se regulen los accidentes «in itinere», o sea los que sufren los trabajadores desde que salen de sus hogares hasta que llegan al lugar de trabajo o viceversa. Aducen los empresarios que en este rubro también se producen abusos por la dificultad de comprobar que efectivamente esos accidentes ocurren donde y cuando se los denuncia.
Como se ve, la panoplia de cuestiones pendientes es amplia, y sin dudas el Gobierno (el anterior, el presente) no acertó a acotar los abusos que provocaron los fallos de la Corte. Los empresarios están de acuerdo en que los montos que fijaba la ley anterior eran bajos, pero piden que las ART los aumenten y que haya una norma que los obligue a hacerlo.
Sucede que a principios de año, para poder financiar las mayores indemnizaciones fijadas por el decreto de Trabajo, las ART aplicaron aumentos de hasta el 250% en las cuotas que pagan sus clientes. Es un hecho que muchos de ellos, sobre todo las pymes del interior, dejaron de pagar la cuota y hoy hay miles de trabajadores en todo el país sin cobertura de ART.
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