UIA en Gobierno, por promesas de ley de accidentes laborales

Daniel Funes de Rioja

«En diez o quince días vamos a estar mandando el proyecto de nueva ley de accidentes de trabajo al Congreso». La promesa fue hecha por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en ocasión de su primera visita en ese cargo al edificio de la Unión Industrial Argentina (UIA). Eso fue el 27 de julio pasado, y hasta ahora no se han verificado novedades en ese frente. Y ya pasaron, obviamente, bastante más de «diez o quince días».

Seguramente por eso, la UIA pidió una audiencia urgente con el jefe de los ministros de Cristina de Kirchner, la que se concretó ayer a última hora. Sin embargo, los dirigentes se fueron de ese encuentro sin siquiera una promesa, ya que el funcionario debió abandonar la

reunión apresuradamente, porque lo llamó la Presidente a otro encuentro, pasando el cónclave con los empresarios para hoy a las 17.

Concurrieron al despacho que tiene Fernández en la Casa Rosada el secretario de la UIA José Ignacio de Mendiguren, los vicepresidentes Federico Nicholson (Ledesma) y Adrián Kaufmann Brea (Arcor), el abogado laboralista y miembro de la conducción de la central fabril Daniel Funes de Rioja y el vocal Rodolfo Acchille (autopartistas). La no concurrencia del presidente Héctor Méndez fue explicada por una fuente cercana al dirigente plástico en una «indisposición momentánea» que lo obligó -por consejo médico- a guardar reposo por un par de días.

Los empresarios volvieron a llevar su reclamo que mantienen desde que un fallo de la Corte Suprema (de hace más de cinco años) anuló los topes para las indemnizaciones que abonan las ART y que fija la actual Ley de Accidentes de Trabajo. Otro fallo judicial también habilita la denominada «doble vía», que permite al trabajador accidentado cobrar la indemnización prevista por la ley, y luego recurrir a la Justicia para reclamar un monto mayor.

Esa «doble vía», según se cansó de demostrar con cifras en la mano Funes de Rioja, provocó un aumento exponencial en la litigiosidad en causas por accidentes de trabajo, lo que generó -según el experto- una próspera «industria del juicio».

De todos modos, Fernández ni siquiera fue original en esto de prometer la nueva ley: antes que él la entonces ministro de Economía Felisa Miceli había asegurado el envío de la iniciativa al Parlamento «en cuestión de días», y el todavía titular de Trabajo Carlos Tomada también lo había hecho.

Cabe recordar que existen en realidad al menos tres anteproyectos: uno pergeñado por el abogado laboralista Héctor Recalde (diputado kirchnerista y uno de los hombres más cercanos a Hugo Moyano), otro imaginado por Funes de Rioja por encargo de la UIA y un tercero surgido del Ejecutivo. Hasta ahora, el Gobierno justificó el no envío de un proyecto de ley en la imposibilidad de compatibilizar las posturas de estos tres proyectos. Sin embargo, la realidad pasaría por otra cuerda: nunca hubo voluntad en el Gobierno Kirchner por modificar el actual status quo que no desagrada a sus aliados de la CGT, a su vez conscientes de que la «ley Recalde» sería muy difícil de vender en el Congreso.

Los empresarios también insistieron ante Fernández en otro tema que habían conversado el mes pasado durante el almuerzo de la sede de Avenida de Mayo: que se faculte a las pymes a descargar en otros impuestos lo que pagan de Ganancias por la reinversión de utilidades en sus propias empresas.