Un paquete de leyes propio de una tiranía

Estos son los principales elementos de la reforma judicial que Benjamín Netanyahu decidió ayer poner “en pausa” ante un creciente movimiento de repudio social:

El Gobierno de ultraderecha de Israel quiere aplicar una norma que le permita al Parlamento anular sentencias de la Corte Suprema. Esa propuesta superó una primera votación en el Parlamento (Knéset), pero necesita otras dos lectu-
ras en la para convertirse en ley.

El primer ministro, que está siendo juzgado actualmente por corrupción, ha sido acusado por la oposición y los manifestantes de usar las reformas para anular los procesos judiciales en su contra.

En tanto, otras medidas propuestas impedirían que el tribunal tumbe enmiendas a las llamadas Leyes Básicas, la virtual constitución del país, y requerirían la decisión unánime de todos los jueces para invalidar otras normas.

Quienes se oponen a este cambio objetan que esto supondrían dar al poder legislativo una autoridad casi ilimitada.

La coalición gubernamental, compuesta por partidos de derecha dura tanto laicos como religiosos, también quiere cambiar el sistema de nombramiento de los jueces, dando al Poder Ejecutivo una mayoría en el proceso.

Actualmente, los magistrados son elegidos por un panel supervisado por el Ministerio de Justicia que incluye a jueces, legisladores y representantes del Colegio de Abogados de Israel. Con el plan del Gobierno, los miembros de esta última institución serían retirados del proceso.

Una versión enmendada de la propuesta del ministro de Justicia Yariv Levin incluiría a más diputados y miembros de la judicatura en el panel que el texto inicial.

Antes de la marcha atrás anunciada ayer por el primer ministro, estaba previsto que la propuesta fuera votada de manera definitiva por la cámara esta misma semana.

Otra ley pretende cambiar el procedimiento para elegir al presidente de la Corte Suprema, dando más poder al Gobierno.

La propuesta del ministro de Justicia prevé asimismo frenar la autoridad de los asesores legales adscritos a los distintos ministerios. En la actualidad, la opinión de estos tiene fuerza casi legal, ya que la Corte Suprema los cita cuando se pronuncia sobre la actuación del Gobierno, pero la propuesta de Levin cambiaría esto y convertiría esas opiniones en no vinculantes.

Los legisladores aún debían aprobar esta norma, pero el jueves de la última semana ya habían adoptado medidas que los críticos consideraron un nuevo movimiento para disminuir la autoridad de los funcionarios ministeriales. En efecto, el Parlamento votó para limitar estrictamente los motivos que permitan declarar a un primer ministro no apto para el cargo, en lo que la oposición califica de “ley personal” para proteger a Netanyahu.

El fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, dijo que las acciones del premier podrían suponer un “conflicto de intereses” dadas las causas que enfrenta.

El plan de Levin también impediría a los jueces usar la cláusula de “razonabilidad” para tumbar legislación, una de las prerrogativas más criticadas por los defensores de la reforma. Como ejemplo reciente, la Corte Suprema no consideró “razonable” que Netanyahu diera un puesto a un aliado, Arie Deri, debido a que este tenía una condena por evasión de impuestos.

Netanyahu se vio obligado a despedirlo aunque ninguna
ley impidiera su nombramiento.