Un proceso que hunde sus raíces en una crisis profunda

ESCAPE. El inicio del proceso constitucional en Chile fue el cable a tierra que permitió descomprimir, pero no resolver, las masivas protestas de 2019.

Santiago - El proceso constitucional chileno ha sido solamente un hito en una crisis social y política de más largo alcance, cuyo inicio data del estallido social de 2019 y cuya solución es la gran asignatura pendiente de la dirigencia local.

Con la entrega de la propuesta de nueva Constitución al presidente, Gabriel Boric, fueron los chilenos quienes decidieron sobre el nuevo texto. Sin embargo, más allá de eso, la superación de la desigualdad económica y social, así como la elaboración de un nuevo marco económico que permita la extensión de derechos, pero sin dar por tierra con un proceso de crecimiento que puso a Chile al filo del desarrollo, dependerá de la gestión de un Gobierno de izquierda que asumió en medio de elevadas expectativas.

El comienzo de la crisis se remonta al 6 de octubre de 2019, cuando el Ministerio de Transporte y el Panel de Expertos del Transporte Público acordaron un alza de 30 pesos (0,033 dólares) en el valor del subte de Santiago, lo que dio lugar a las primeras manifestaciones y evasiones masivas en el transporte público, esto es la práctica grupal y difundida de saltar los molinetes para no pagar el viaje.

Esas manifestaciones terminaron con destrozos en diferentes estaciones del metro, que se fueron extendiendo durante ese mes hasta llegar al 18 de octubre, cuando 118 estaciones fueron objeto de ataques, siete de ellas totalmente quemadas –18 de manera parcial y 93 con múltiples daños–, lo que se sumó a diversas manifestaciones a lo largo del país.

El presidente en esa época, Sebastián Piñera, decretó estado de emergencia y toque de queda en Santiago y otras regiones del país tras lo ocurrido. Ese acto no hizo más que atizar la protesta, que alcanzó picos de violencia desconocidos durante décadas en el país.

Escalada

Sin embargo, las manifestaciones continuaron y el 25 de octubre se realizó una marcha histórica con más de 1,5 millones de personas congregadas en el centro de Santiago, que reclamaron un amplio programa de reformas sociales, en el que se destacaba una nueva Constitución que reemplazara a la vigente desde 1980, elaborada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Una de las consignas era “no son 30 pesos, son 30 años”, dando cuenta de que el problema no fue el alza en el transporte, sino la desigualdad persistente y la falta de derechos sociales, que no se pudo resolver desde el retorno a la democracia en 1990.

Tras extensas negociaciones, el oficialismo y la oposición lograron llegar a un Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que consistió principalmente en establecer un referendo de entrada para elegir si se aprobaba la redacción de una nueva Carta Magna, así como el órgano que la elaboraría.

De ahí en adelante el proceso constituyente empezó a avanzar tras el triunfo del apruebo en el plebiscito de entrada con cerca del 80% de los votos, lo que permitió continuar con la elección de los 155 constituyentes, quienes desde el 4 de julio de 2021 trabajaron en la redacción de la propuesta de nueva Constitución, que fue entregada un año después al presidente Boric.