Un texto polémico

En la Constitución votada ayer, Bolivia se define como un «Estado unitario social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, descentralizado y con autonomías».
La religión católica deja de ser oficial, y el Estado se proclama independiente de credo, reconociendo «la libertad de religión y de creencias espirituales».
A los clásicos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se agrega el Electoral.
Se incorpora la segunda vuelta electoral y la reelección inmediata del presidente por una sola vez. El mandato, igual que para los legisladores, se mantiene en cinco años.
A la par de la justicia ordinaria, se reconoce la justicia comunitaria, que rige en las comunidades campesinas e indígenas y se aplica sólo a sus miembros. Los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional son elegidos por voto universal, ya no por el Congreso. En el Tribunal Constitucional está representada la justicia comunitaria.
Se reconocen por primera vez autonomías de departamentos (provincias), regiones especiales y territorios.
El texto enumera atribuciones de los gobiernos autónomos, preservando para el Gobierno nacional áreas claves, como relaciones internacionales, seguridad, defensa, comunicaciones, manejo de recursos naturales y política agraria.
Los recursos naturales renovables y no renovables son declarados de carácter estratégico. Su propiedad no podrá ser concedida a empresas ni a particulares, salvo extensiones limitadas de tierra para fines agrícolas.
Se protege la coca como patrimonio y recurso natural.