Una decisión que no evita el papelón

Madrid - La absolución de Baltasar Garzón en el juicio por su investigación de los crímenes del franquismo no sorprendió en España. Y tampoco desató la alegría entre quienes lo han defendido y apoyado en su decisión de abordar el período más oscuro de la España del siglo XX. Porque Garzón ha dejado de ser juez, y lo más probable es que no vuelva nunca a serlo.

El objetivo de «quitárselo de en medio» está cumplido, dijo ayer el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara. Ésa es la sensación que tienen sectores sociales, políticos y mediáticos, tanto españoles como extranjeros, en los que la cadena de procesos contra Garzón en el Tribunal Supremo fue interpretada como una maniobra para echar de la carrera judicial a un magistrado progresista con mucho gusto por la notoriedad mediática que a lo largo de su carrera se ha ganado muchos enemigos, entre otras cosas por atreverse con casos que otros no querían abordar.

A sus 56 años y después de haber perseguido a ETA, a narcos gallegos, a empresarios y políticos corruptos y a dictadores como el chileno Augusto Pinochet, fue expulsado de la carrera judicial hace una semana, después de que el Tribunal Supremo, la misma corte que ayer lo absolvió en la causa del franquismo, lo condenara a 11 años de inhabilitación por haber cometido prevaricato con las escuchas que ordenó en el marco del «caso Gürtel», la trama de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años.

Por eso, el veredicto de ayer nada cambia su futuro. Su carrera quedó truncada para siempre. Cuando pueda volver a ejercer como juez tendrá ya 67 años, edad de jubilación, aunque todavía le queda una esperanza en el Tribunal Constitucional, hasta el que ya ha anunciado que llegará en su batalla frente a una condena que considera «gravísimamente errónea».

Para el poeta Luis García Montero, vocero de «Solidarios con Garzón», una plataforma de la que forma parte entre otros el cineasta Pedro Almodóvar, el veredicto de ayer demuestra que las causas contra el exjuez de la Audiencia Nacional fueron «un montaje y una persecución».

Lo que vienen a decir los defensores de esta teoría es que, una vez condenado e inhabilitado por «Gürtel», el objetivo ya estaba cumplido y la mejor coartada para rechazar la existencia de una persecución a Garzón era absolverlo en la causa del franquismo, una causa que comprometió la imagen de la Justicia española tanto dentro como fuera de España.

«Se cumple un plan perfectamente calculado y preconcebido», manifestó ayer el exfiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. «El Supremo lo absuelve cuando ya lo ha apartado injustamente de la carrera judicial». La idea es que la condena por el franquismo hubiera generado una mayor polémica, tanto dentro como fuera de España.

Garzón fue acusado de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando en 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100.000 personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).

No fueron pocos los que públicamente expresaron no poder comprender cómo quien en su día persiguió a dictadores como Pinochet o a los exrepresores del régimen militar en Argentina -lo que le valió de hecho su candidatura al Premio Nobel de la Paz- fue llevado ante la Justicia por haber querido investigar los crímenes de la propia dictadura española. Y menos que quien lo sentó en el banquillo de los acusados, en contra de la Fiscalía, fuera una organización de extrema derecha.

«El Tribunal Supremo consiguió evitar un escándalo de mayores proporciones», sostuvo ayer el vocero de Human Rights Watch (HRW), Reed Brody, uno de los expertos en derecho que acudieron como observadores internacionales al juicio contra Garzón por su investigación del franquismo. «La investigación de hechos de tortura y desapariciones no puede ser considerada un delito».

Amnistía Internacional calificó la absolución de Garzón como «una buena noticia». «Pero es preciso hacer mucho más para garantizar la justicia en España», instó la organización defensora de los derechos humanos, que como HRW pidió «sin demora» investigaciones sobre los crímenes del franquismo.

El veredicto de ayer, más que lavar la imagen de Garzón, sirve para, si no lavar, al menos no empeorar la imagen de la Justicia española fuera de España.

«Aunque Garzón ya no podrá volver a ejercer como juez, no es él quien más se ha perjudicado con este resultado», señaló el consejero jurídico de HRW. «La decisión perjudica particularmente la reputación del Poder Judicial español y a aquellas personas que sabían que podían contar con que al menos un juez independiente aplicaría las normas de derechos humanos sin temor a las consecuencias políticas».

Agencia DPA