Una ley contra el lavado enciende a Bolivia

La Paz - La oposición al Gobierno de Bolivia instó al presidente Luis Arce a revocar la ley que le da amplios poderes para luchar contra el lavado de capitales “si quiere la paz”, luego de que la disposición sirviera como disparador de una serie de protestas y paros que dejaron al menos un muerto y 150 detenidos. A la vez, el mandatario acusó a sus adversarios de buscar impunidad por delitos cometidos durante la crisis política de 2019.

“Todo el mundo se acopla a nuestra demanda; si el Gobierno quiere paz, que abrogue la ley para luego sentarse a dialogar sobre normas que beneficien a la población, que la saquen de la pobreza”, manifestó el presidente del Comité Cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel, a La Razón Radio.

Además, exigió que la derogación se ejecute en un plazo no superior a las 24 horas, o que se restituyan dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) para eliminar la mayoría simple del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que “solo es utilizada para aprobar cualquier cosa”.

En la misma línea responsabilizó a los sindicatos y asociaciones de campesinos de la muerte que se produjo ayer en Potosí, en el sur del país, y aseguró que fueron convocados para hostigar a quienes sí se sumaron a las movilizaciones.

Versiones

Manuel descartó que la víctima, un joven campesino identificado como Basilio Titi, haya sufrido una agresión y coincidió con los primeros informes médicos que argumentaron que tuvo una aspiración accidental al atragantarse con las hojas de coca que masticaba.

Horas más tarde, el dirigente anunció que el Comité Cívico había declarado personas no gratas a Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, y reclamó también las renuncias del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani; el presidente de la Asamblea Legislativa de Potosí, Marcial Ayali, y el comandante de la Policía, Juan Carlos Mercado.

De acuerdo con el presidente del comité, tanto Arce como Choquehuanca son “racistas y discriminadores”, además de “enemigos” de los habitantes de Potosí. También remarcó que se negaron al diálogo, a pesar de que él mismo condicionó el encuentro y la paz a la derogación de la Ley 1386.

El Gobierno, por su parte, acusó a la oposición de buscar la “impunidad” de los delitos cometidos durante el golpe de estado a Evo Morales y a los manifestantes de haber entorpecido la marcha de los servicios médicos y las ambulancias que se trasladaron al lugar para atender a la víctima.

Reacción

“La derecha engaña, miente todo el tiempo, porque no tiene argumentos; lo único que quiere, lo único que está buscando es la impunidad de lo que ha pasado en el golpe de 2019”, aseguró Arce en un discurso en una asamblea de sindicatos campesinos de La Paz, y llamó a los movimientos a mantenerse en alerta y organizados.