25 de mayo 2017 - 22:33

Una marcha anti-Temer terminó con ministerios quemados y represión

El corazón político de la ciudad fue ayer tierra de nadie. Los sindicatos de izquierda movilizaron a decenas de miles de personas. Se esperan nuevas marchas el domingo.

CAOS. Los disturbios en Brasilia se extendieron a lo largo de la jornada, y dejaron un saldo de 49 heridos. Los medios locales difundieron imágenes de la Policía disparando sus armas reglamentarias contra la multitud.
CAOS. Los disturbios en Brasilia se extendieron a lo largo de la jornada, y dejaron un saldo de 49 heridos. Los medios locales difundieron imágenes de la Policía disparando sus armas reglamentarias contra la multitud.
Brasilia - Una masiva protesta convocada por los sindicatos de izquierda, que derivó en graves hechos de violencia, colapsó ayer la capital brasileña y exigió la "inmediata" renuncia del presidente Michel Temer, cada vez más acorralado por graves sospechas de corrupción.

La manifestación comenzó en forma pacífica, pero degeneró en serios enfrentamientos cuando la multitud se aproximó a la sede del Congreso, donde comenzaron los choques que llevaron al mandatario a pedir refuerzos de "tropas federales".

Según la Policía Militar, participaron en la marcha entre 35.000 y 40.000 personas, mientras que la convocante Central Única de de los Trabajadores (CUT, ligada al PT) habló de 150.000. Se esperan nuevas manifestaciones para el domingo, destinadas a forzar la renuncia de Temer.

La Policía impidió a un grupo de presentes adentrarse en los jardines que rodean el Congreso y reprimió ese intento con gases lacrimógenos, lo que acabó desatando focos de disturbios a lo largo de los dos kilómetros de la Explanada de los Ministerios, que concentra todo el poder público nacional.

La sede del Ministerio de Agricultura fue atacada con bombas molotov que desataron un incendio en una de sus entradas, sofocado por los bomberos en medio de los desórdenes.

También fueron blanco los Ministerios de Hacienda, Cultura, Turismo y Energía y Minas, que fueron evacuados, y a lo largo de la Explanada muchos de los manifestantes prendieron fuego a contenedores de basura y otros objetos.

Al cierre de esta edición las autoridades informaron que 49 personas sufrieron heridas, uno de ellos impactado en el cuello por una bala y que se encontraba "estable" en un hospital de Brasilia.

Mientras ocurrían los incidentes, Temer despachaba en el Palacio presidencial de Planalto, vecino al Congreso y donde el ministro de Justicia, Raúl Jungmann, anunció que el Presidente había decidido solicitar "refuerzos de tropas federales".

"Era una manifestación que estaba prevista como pacífica, pero que degeneró en violencia, vandalismo, agresiones al patrimonio público y amenazas a las personas", lo cual "no se puede permitir" en "un proceso que se desarrolla en forma democrática y en el marco de las instituciones", declaró el ministro.

El decreto fue realizado a las apuradas, al punto que está fechado el "24 de diciembre de 2017". Jungmann confirmó además que los incidentes obligaron a liberar a todo el personal de los ministerios y otros organismos públicos que están en la zona de la capital en que ocurrían los conflictos y dijo que el "refuerzo" de tropas del Ejército era también para garantizar la seguridad de los funcionarios.

Marco Aurélio Mello, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), se manifestó "preocupado" e ironizó sobre la orden del Ejecutivo de militarizar Brasilia: "espero que la noticia no sea verdadera", declaró de acuerdo con el diario O Globo.

Además, Renan Calheiros, ex presidente del Senado y jefe de la bancada del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se manifestó en contra del envío de la fuerza a las calles.

La manifestación fue convocada por la CUT inicialmente para protestar contra reformas de corte liberal impulsadas por el Gobierno (laboral y previsional), pero que tras conocerse los graves indicios de corrupción que salpican al mandatario agregaron la consigna "Fuera Temer".

Ese grito también se escuchó en los plenos del Senado y de la Cámara de Diputados, entonado por legisladores de oposición de izquierda que por momentos estuvieron cerca de llegar a las manos con los partidarios de Temer, cuyo número va menguando notoriamente al calor del escándalo.

Temer está bajo fuego cruzado desde la semana pasada por unas confesiones de directivos del grupo JBS que lo implican directamente en hechos de corrupción, por los que el STF decidió iniciar una investigación. Los cargos que la Procuración General de la República le levantó a Temer son por corrupción pasiva, obstrucción de justicia y asociación ilícita.

La Policía Federal pretende fijar ya una fecha para interrogarlo, pero los abogados del Jefe de Estado argumentan que eso sólo debería ocurrir cuando las grabaciones realizadas por el empresario Joesley Batista en la residencia oficial ya hayan sido peritadas para descartar una manipulación.

En los audios el Presidente parece avalar el pago de un soborno a un poderoso político preso y escucha una serie de ilegalidades que le relata Batista, como el tener "arreglados" a jueces y fiscales que lo investigaban por causas de corrupción. Temer nunca denunció esos delitos.

Desde que estalló el escándalo, el pasado día 17, el presidente solamente fue visto en público en dos oportunidades, en las que se dirigió a la nación para afirmar que no renunciará y que probará su inocencia ante el Supremo. Sin embargo, el creciente coro que exige su renuncia, que empezó en la oposición, va sumando importantes voces en la propia base de Temer, como el jefe de bancada de su partido en el Senado, Renán Calheiros, quien lo instó a "facilitar" una rápida salida a la crisis con su dimisión.

Agencias EFE, AFP, ANSA y

DPA, y Ámbito Financiero

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