Una nueva ampliación de derechos

Los tres proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo al Congreso se orientan esencialmente a proteger al ciudadano y a las pequeñas empresas de los abusos de posición dominante en cualquier mercado de bienes y servicios, perpetrados por los oligopolios de producción e intermediación que actúan en los mismos.
En principio, se propone la adecuación de la vieja Ley de Abastecimiento. En ese sentido, apelando a un prudente balance de poder, se reducen las facultades sancionatorias del Estado, pero se aumenta su capacidad de supervisión de los mercados, a fin de fortalecer la vigencia de las regulaciones sobre los mismos, impidiendo así la consolidación de actores distorsivos de la libre competencia.

A lo largo de su historia -y hoy no es la excepción- la Argentina ha padecido el hecho de que las políticas expansivas del consumo y el aumento de los ingresos populares sean apropiados por grupos monopólicos que incrementan sus ganancias pero no la oferta de bienes y servicios, conducta que sólo puede ser atenuada con una fuerte y decisiva intervención estatal.

OBSERVATORIO DE PRECIOS
En este mismo sentido, la creación de un observatorio de precios implica construir un monitoreo permanente del costo de un conjunto de consumos básicos al que todo ciudadano debe tener acceso, asegurando así la protección y la eficacia de las políticas de ingresos, salarial y de protección social.
Por último, crear el ámbito tribunalicio para que el consumidor pueda reclamar directamente al oferente por los incumplimientos de calidad y/o prestación, ocurridos en los bienes o servicios que ha adquirido, es fundamental para igualar a consumidores y empresas. Esto se vuelve central en el marco de la acelerada incorporación del pueblo a un mercado de consumo cada vez más diverso y sofisticado, lo que exige que los agentes económicos respeten los estándares de calidad que el abastecimiento de ese mercado requiere.
En definitiva, el plexo normativo reseñado tiende a garantizar mercados más transparentes, más atomizados, ampliando el número de actores que intervienen en ellos y por sobre todo protegiendo el ingreso de los demandantes ante los abusos monopólicos.
(*) Diputado nacional, Frente Para la Victoria